Ukamau propone creación de Empresa Nacional de Alimentos y Red Pública de Alimentación frente a crisis económica

por Ukamau Chile

Programa de Emergencia: Trabajo y Alimentación

EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y RED PÚBLICA DE ALIMENTACIÓN.

Diagnostico

Según recientes estudios de la UC, en Chile cerca del 90% de la población tiene una alimentación mala o deficiente. Esto debido al alto costo de los alimentos sanos o por la lucrativa masificación de la industria de comida rápida o chatarra. Esta mala alimentación aumenta la vulnerabilidad ante enfermedades relacionadas y la muerte, por ejemplo, el 80% de las defunciones prematuras por cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular se pueden evitar con dietas saludables y actividad física. Asunto relevante si se considera que después de los 50 años de edad las principales causas de muertes son estas enfermedades.

Por su parte, los datos del gobierno (JUNAEB) indican que en 2019 el 51% de las y los niños de pre kínder (4 años) sufren de obesidad o sobrepeso, y la cifra se eleva al 60% en Quinto Básico (10 años). Datos que nos indican una temprana expresión de esta problemática.

A pesar de que varias regiones de Chile tienen una alta capacidad productiva a nivel alimentario, el modelo exportador y los Tratados de Libre Comercio en que se basa la economía neoliberal, no permite que diversos productos lleguen al mercado interno o que, por sus altos precios, nunca sean conocidos en el consumo familiar. Además, el ocuparse más de exportaciones que la alimentación interna, produce una distorsión en los usos productivos y económicos de los campos, la pesca, entre otros. La soberanía alimentaria no está considerada en este modelo, siendo Chile una de las economías que presta menos apoyo estatal a la producción local en el sector agropecuario. Por otra parte, diversas empresas multinacionales, imponen tecnologías agrícolas, químicos y pesticidas, o se adueñan de semillas locales, donde no existe una protección legal ni institucional de importancia.

El aumento de la cesantía que afectará a cerca de dos millones de trabajadores y sus familias este 2020, profundizará los problemas alimenticios prexistentes señalados. Esta baja en los ingresos repercutirá en menor acceso a los alimentos o a un acceso de menor calidad.

El gobierno busca enfrentar esta crisis entregando 2.5 millones de cajas de alimentos, ubicando la cifra de afectados directos en dicho número de hogares. Pero, las cajas no serán suficiente, se va a requerir de impulsos a la economía para su reactivación, y sobre todo de redistribuir el ingreso y democratizar las decisiones políticas fundamentales, entre muchas otras las relacionadas con la alimentación, para ello será fundamental la democratización de las instituciones políticas y económicas del país.

Actualmente, la producción y distribución de alimentos se encuentra en un 100% en manos de la empresa privada.  Esta cesión del Estado entrega las grandes decisiones alimenticias de la sociedad a una industria que se mueve por la lógica del lucro o interés particular y que no dudó en usar su poder para desestabilizar el régimen democrático, des abasteciendo, cuando sus intereses se vieron amenazados en el pasado. Lo que nos lleva a una reflexión sobre las enormes desventajas en el contexto actual de dejar solo en manos del mercado y las ganancias empresariales, las decisiones sobre qué producir, cómo y para quién, en momentos en que estas decisiones deben ser pensadas en función de las necesidades internas.

Propuesta

Implementar una reforma tributaria redistributiva, es decir, que eleve impuestos a los grandes capitales (del sector) para financiar, en el corto plazo, un programa de emergencia que garantice el acceso a alimentos sanos de forma universal a la población y, en el mediano plazo, una Empresa Nacional de Alimentos.

El programa urgente debe asegurar a cada familia, por el tiempo que dure la crisis sanitaria, el acceso seguro a alimentos sanos de primera necesidad a través de una serie de mecanismos eficientes, entre ellos las asociaciones populares de distribución de alimentos nacidas en la pandemia, Ejemplo de esto es la experiencia que venimos desarrollando desde la cooperativa de apoyo mutuo (COPAM)

La Empresa Nacional de Alimentos tendrá a la base una red de pequeños y medianos productores que la abastecerá de alimentos sanos para el envasado y distribución a precios accesibles a sus compradores mayoristas (instituciones públicas, como escuelas) o minoristas (familias o individuos). La articulación con la agricultura familiar campesina, con organizaciones de pescadores, así como de pueblos indígenas también será de importancia en este proceso. La eliminación de intermediarios y lucro en el circuito de distribución permitirá garantizar el alimento básico a las familias de bajos ingresos y evitar el sobreprecio artificial y la especulación. La distribución estará en manos de asociaciones fiscales compuestas por funcionarios públicos y miembros de organizaciones populares o ciudadanas.

Esta iniciativa permitirá reactivar la actividad económica en el ámbito de la producción, circulación y consumo de alimentos, reducir la dependencia alimentaria de los capitales nacionales o extranjeros, facilitar el acceso de alimentos sanos (y abundantes en el país), como el pascado o las frutas (destinados hoy a la exportación) a la mayor parte de la población y por sobretodo garantizar el consumo en los hogares.

Se trata en el fondo de un nuevo pacto social “por una alimentación sana y segura” entre productores, el Estado y asociaciones populares, como es la COPAM. La participación ciudadana en dichas asociaciones y en el Estado permitirá que segmentos hasta ahora excluidos de la toma de decisiones de asunto relevantes de la vida pública se integren políticamente. Así, no solo se saldrá de la crisis, sino que también se fortalecerá el mercado local, las organizaciones de la sociedad civil y la democracia.

 

 

 

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