Sería lógico pensar que, en un régimen de democracia representativa, como el nuestro, todas las fuerzas políticas, abiertamente opositoras a los autoritarismos de cualquier signo –en palabras de ellos–, favorecieran la participación ciudadana, particularmente la electoral, puesto que, mientras mayor sea ésta, más legitimo debería tender a ser el régimen y sus partidos. Esta máxima debería volverse fundamental en el marco de la crisis actual, sin embargo, no lo es.
La centro-derecha apuesta a un triunfo del Apruebo con baja participación electoral para reducir su efecto legitimador del proceso de cambio. Si bien, la centro-izquierda o ex Concertación podría tener mayor entusiasmo por la participación electoral, tampoco se siente cómoda en un escenario político de mayor legitimidad a cambio estructurales. Así, los dos bloques principales, que se realizaron políticamente en la administración del modelo los últimos 30 años, prefieren una participación reducida y controlada: “Democráticos, pero nunca tanto”.
La despolitización de la sociedad impulsada desde el Estado en los últimos 30 o 50 años ha engendrado este monstruo: una democracia sin ciudadanía donde es posible la híper-concentración del poder. Para ilustrar solo dos ejemplos notables. El actual presidente de Chile fue electo con cerca de un 25% del padrón electoral, es decir, un 75% de la ciudadanía no votó por él, mientras que la actual alcaldesa de La Pintana, una de las comunas más podres de la capital, fue elegida con cerca del 16% del padrón, esto es, 84% de los electores de su comuna no votó por ella.
De esta forma, la irrupción política del pueblo, de ese 75 u 84%, en las calles y plazas, no es tan extraña como los “intelectuales” de derecha se dicen a sí mismos. El des-incentivo a la participación es también una causa de la crisis: el malestar social no encontró canales institucionales de expresión.
Las fuerzas políticas anti-neoliberales tampoco lo hemos hecho mucho mejor. Basta recordar el último proceso electoral de la CUT o la Fech. Que los partidos asociados al poder económico no busquen la participación política del pueblo no nos debe sorprender, pero que las fuerzas que se proponen realizar cambios democratizadores profundos sean responsables de dichos procesos o transformen la campaña del primer plebiscito constitucional en la historia de Chile en una disputa de pre-candidaturas presidenciales es un problema mayor que se debe abordar con urgencia.
Esta semana comienza dicha campaña y el foco debe estar puesto en traducir las demandas sociales emergidas del 18-O en propuestas que permitan el cambio político y la seguridad económico-social del pueblo. De esta forma, podría aumentar la participación electoral, base sobre la cual legitimar un cambio constitucional en favor de los intereses de la gente común y corriente.
Lunes 24 de Octubre 2020
Ukamau
