La vivienda pareció no ser una demanda central del pueblo en el “estallido social” porque no emergió en las principales consignas, en las primeras encuestas y, por supuesto, en la televisión controlada por la oligarquía. Pero, esta mirada superficial conduce a un grave error: suponer que el problema habitacional y urbano no es central para la sociedad chilena.
El catastro nacional de campamentos de 2018 ya mostraba un aumento del 72% desde 2011. La cantidad de campamentos había aumentado de 657 a 802, y el número de familias que los habitan de 27.000 a 47.000 y fracción, en dicho lapso de tiempo. Según un nuevo catastro del MINVU, entre enero de 2019 y septiembre de 2020 se produjeron 254 nuevas tomas de terrenos en las que se instalaron 21.883 hogares.
Solo durante el “estallido social” las familias de pobladores sin casa protagonizaron 104 tomas de terrenos en todo el país, principalmente en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Valparaíso. Las comunas con mayor ocurrencia de tomas fueron Temuco, Viña del Mar, San Antonio, Constitución y Lampa.
Esta “revuelta silenciosa” muestra que el déficit habitacional tiende a profundizarse, afectando actualmente a más de 2 millones de personas, según cifras oficiales, y que la estrategia de los pobladores ha sido la ocupación de terrenos, en una amplia diversidad de situaciones.
El valor de la vivienda actualmente está desacoplado de los precios del resto de la economía en Chile. Esto ha producido el señalado aumento exponencial de los campamentos, pero también del arriendo y una gran caída de los propietarios de viviendas en los últimos años. Así, el sueño de la casa propia es cada vez más esquivo para el pueblo.
El derecho a la vivienda, y más precisamente a la ciudad, evidentemente no se realiza en el Chile neoliberal para una amplia mayoría de ciudadanos que tiene remuneraciones insuficientes para comprar una casa en el mercado, no es lo suficientemente pobre para el gobierno para optar a una vivienda social o si lo es se encuentra esperando en promedio diez años por dicha vivienda.
En la actual Constitución el derecho a la vivienda no se encuentra consagrado. La dictadura de Pinochet y los gobiernos de los últimos 30 años de la transición han definido a la vivienda como un bien de consumo que se debe adquirir en el mercado. Los resultados están a la vista. Además de esta “explosión” de tomas de terrenos, se han catastrado más de 18.000 carpas donde personas o familias viven en las calles de la ciudad.
En la nueva Constitución la vivienda y el equipamiento urbano y social, es decir, la ciudad, debe ser definido como un derecho fundamental que el Estado debe garantizar. Derecho en el sentido social del concepto y no mercantil, no se trata de reproducir en una versión 2.0 de esa fracasada idea neoliberal del “acceso a la vivienda vía mercado” sino de garantizar la vivienda-ciudad como un derecho social universal. Para ello, por cierto, se debe eliminar el carácter subsidiario del Estado.
Para que la Convención Constitucional redacte una Constitución que consagre los derechos sociales, entre ellos la vivienda-ciudad, será necesario que esté compuesta, en parte, por miembros provenientes del mundo social y popular. Como Movimiento Ukamau hemos levantado candidaturas populares con un programa constituyente democratizador, anti neoliberal, entre las que destaca la de Doris González por el Distrito 8.
El compromiso es claro: conformar al interior y exterior de la Convención Constitucional una mayoría social y política por los cambios democratizadores que el pueblo mandató en las calles y urnas, expresada en la definición en la nueva Carta Magna del trabajo, previsión, salud, educación, vivienda-ciudad, agua y medioambiente… como DERECHOS FUNDAMENTALES QUE EL ESTADO SOCIAL DEBE GARANTIZAR.
Editorial Ukamau
Lunes 14 a Domingo 20 de Diciembre
