El 2 de enero de 2022, el medio de comunicación electrónico de extrema derecha “El Libero”,
publicó un reportaje titulado “La condena por ‘apropiación indebida’ del líder de Ukamau”. A raíz
de ese reportaje, por solicitud de los miembros de Ukamau, presentamos este informe que contiene
el trabajo desarrollado por una comisión investigadora interna, en el cual se presentan los
antecedentes recolectados del caso.
Cabe señalar que el periódico se refirió al juicio abreviado y sentencia por el Tribunal de Garantía
de Los Andes por el delito de “apropiación indebida” en contra de Aland Castro Nuñez, un miembro
de nuestra organización. En particular, el reportaje destaca la sentencia dictada en agosto de 2017,
que responde a hechos supuestamente ocurridos entre el año 2006 y 2012, pero no desarrolla los
antecedentes ni los procedimientos del juicio
Con respecto a esto, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2019, nuestra
organización creó una comisión que se encargó de investigar los antecedentes del caso y que
corroboró las irregularidades y errores que tuvo este procedimiento del Ministerio Publico, que
condujeron a una acusación infundada.
La comisión fue compuesta por Marcela Zúñiga, fundadora de Ukamau y actualmente habitante del
Barrio Maestranza Ukamau; Francisco Montoya, abogado y miembro de la dirección de Ukamau;
Boris Cofre, director de la Fundación Feman, y Victoria Herrera, actual vocera nacional del
movimiento.
- ERRORES EN LA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
En primer lugar, presentamos un listado de antecedentes del caso que comprueba que este proceso
de investigación del Ministerio Público mantiene una serie de errores que afectan al acusado y que
no fueron tomados en cuenta con la rigurosidad que se debía.
1.- La fecha de dicha investigación indica que el hecho que se le imputa ocurrió durante los
“años 2006 al 2012”. No obstante, estas fechas no coinciden con los años en que Aland
Castro trabajó en la empresa acusada, ni con el proyecto habitacional supuestamente
cuestionado. Aland Castro comenzó a trabajar como administrador en dicha empresa en el
año 2008 y el proyecto en cuestión se inició recién en junio del año 2009 y terminó en el
año 2011, es decir, tuvo una duración aproximada de 3 años.
2.- En la sentencia se identifica un número de cuenta bancaria donde se habrían consignado
los recursos de los socios del comité, esa cuenta no corresponde a Aland Castro. En la cuenta
bancaria de Aland nunca se ingresó, por parte de los socios del comité, la cantidad de 14
millones de pesos que indica la sentencia. Los socios pagaban directamente a la empresa,
el comité firmo un contrato de prestación de servicios que comprometía a todos los socios
con la EGIS.
3.-Llama la atención que en la investigación del Ministerio Público sólo se citó a Aland Castro,
jamás se llamó a declarar al dueño de la empresa, para tener mayores antecedentes del
caso. Los miembros del comité firmaron un contrato con la EGIS para la cual trabajaba
Aland, por lo que el conflicto es exclusivamente con la empresa. Esta información es
ratificada por las presidentas de los comités de vivienda afectados y la secretaria de la
empresa en sus respectivas declaraciones.
4.- Adicionalmente, en este caso no existen denunciantes conocidos, es decir, no existe
ninguna persona que pudiera decir que fue defraudada por Aland Castro. Las únicas
declaraciones que existen en el proceso se refieren claramente a la empresa como la
responsable.
5.- La investigación se origina a partir de una denuncia que toma fiscalía y que lleva adelante a
partir del año 2012. El año 2017 se presenta la fiscalía al domicilio de Aland para notificarlo
y trasladarlo al juzgado de Los Andes. Aquí llama profundamente la atención que la fecha
elegida para esta gestión fuera el mismo día que se inscribía la única candidatura a diputada
del Movimiento Ukamau.
6.- En el juzgado Aland fue presionado para aceptar los términos del juicio abreviado, se le
comunicó que había pasado mucho tiempo, por lo que no existía posibilidad de una medida
cautelar mientras se defendía. Debía optar entre dos opciones: quedar encarcelado en la V
Región o aceptar los términos del juicio abreviado que lo señalaba como responsable.
Los puntos anteriormente señalados, muestran que (1) el procedimiento judicial presenta severos
errores; (2) no se desarrolló una investigación acabada que permitiera establecer las
responsabilidades de la empresa y de sus dueños (3) no se respetó los plenos derechos del
imputado, Aland Castro.
Desconocemos las razones para que el Ministerio Público actuara de esta forma. No obstante, es
claro que este caso ha sido y sigue siendo utilizado políticamente por sectores de derecha, y
lamentablemente, también por sectores progresista, con la intención de bloquear e invisibilizar los
aportes que ha realizado el movimiento social a la política pública y la democratización de la ciudad.
LOS HECHOS
1.- Durante los casi 3 años que duró el proyecto, los recursos recaudados (casi 14 millones de
pesos en total), se destinaron al pago de arriendo de la oficina en la plaza de armas de Los
Andes, los servicios para funcionamiento, que incluía servicios básicos (electricidad, agua,
teléfono e internet) y los salarios de los trabajadores, tales como secretaria, arquitectos,
psicóloga y administración, este último era el cargo que tenía Aland en la empresa. Esto es
ratificado por la declaración de la secretaria de la empresa.
2.-El conflicto se suscitó cuando el proyecto en cuestión fracasa, pues la empresa no logró
gestionar la compra del terreno que albergaría el proyecto habitacional (los dueños del
terreno obtuvieron una mejor oferta por éste). Frente a las diferencias que tuvo Aland en
la forma irregular en que la empresa estaba llevando a cabo el proceso de devolución de las
cuotas a los socios, él decidió renunciar a su cargo, luego de haber conseguido que se
devolviera el dinero a más de la mitad de las personas involucradas y afectadas por quedar
sin proyecto. Esto último también es ratificado por la secretaria de la empresa y las
presidentas de los 2 comités involucrados.
3.- NO EXISTE RELACIÓN DE UKAMAU CON ESTE CASO JUDICIAL
El Movimiento Ukamau y Aland Castro, uno de sus fundadores, tienen una vasta trayectoria en la
lucha por ampliar derechos de las mayorías populares en nuestro país. Una de nuestras principales
victorias se ve reflejada en el Barrio Maestranza, que alberga a 424 familias en el centro de la ciudad
de Santiago. Más, la lucha del Ukamau no es sólo por el derecho a la vivienda digna y la ciudad; las
mujeres de nuestra organización están en cada marcha, protesta o concentración defendiendo el
agua, los derechos de las mujeres, un nuevo sistema de pensión para Chile, y en general se levantan
en contra de este sistema que solo favorece a una minoría de ricos y poderosos de este país.
Por esta razón, sabemos que los grupos que concentran el poder económico y político en Chile
tienen motivos suficientes para perseguir a Ukamau y a sus líderes, en la medida en que se ven
afectados por la idea del protagonismo popular y la democratización del poder.
Ante esto, nos parece injusto y arbitrario el aprovechamiento político y mediático que han realizado
del ya mencionado irregular procedimiento del Ministerio Público, en contra de Ukamau y sus
lideresas. El Ukamau, que nace en el año 2011, y que se ha posicionado con fuerza como movimiento
social y político en la esfera pública, no tiene relación alguna con el caso judicial.
En la misma línea, denunciamos el uso político de este caso judicial para dañar la imagen de nuestra
lideresa histórica. La trayectoria como lideresa social y política de los sectores populares debe ser
evaluada por sus propios méritos, y el intento fallido de los medios por enlodar su imagen a partir
de la denuncia a Aland Castro es una estrategia ilegítima, basada en un “lugar común” en nuestra
cultura machista y patriarcal, que atribuye responsabilidad a las mujeres por las acciones de los
hombres.
CONCLUSIÓN
1.-A partir de los antecedentes expuestos, consideramos que Aland Castro Núñez es inocente
en los hechos de los cuales se le acusa, y víctima de un procedimiento del Ministerio Público
que fue irregular, en el cual la empresa responsable no fue investigada ni formalizada, ni
fue respetado su legítimo derecho a defensa. No existió debido proceso o al menos estuvo
afectado por graves errores. Además, entendemos que no sólo Aland fue afectado en este
proceso, sino que lamentablemente también otras familias de trabajadores fueron víctimas
de este hecho, por lo que empatizamos con lo que pasaron.
2.- Nos parece importante señalar que, los medios de comunicación que quieren anteponer
estos antecedentes deben ser más rigurosos en la recolección y exposición de la
información que divulgan, y por lo que pedimos considerar los antecedentes planteados en
este documento para una mejor entrega de información a la población. La libertad de
expresión, que defendemos como movimiento, debe armonizarse con la protección de la
honra de las personas.
3.-El hecho particular que le ocurrió a un miembro de nuestra organización al cumplir sus
funciones laborales como cualquier trabajador, por ningún motivo está ni puede ser
relacionado con el trabajo que ha desarrollado el Ukamau ni tampoco con ninguno de sus
miembros. El trabajo de desprestigio sistemático hacia el Movimiento Ukamau por parte de
diversos sectores políticos de nuestro país muestra la resistencia y temor de dichos sectores
ante la emergencia, posicionamiento y poder del movimiento social Ukamau en la esfera
política y en la promoción de la vivienda digna y la democratización del país.
Comisión Investigadora UKAMAU
Documentos anexos
