Según recientes estudios, casi el 80% de la ciudadanía desaprueba la labor del Poder Judicial en Chile. Esta situación es delicada porque, como se sabe, en la forma en que se administra justicia también se juega la credibilidad de las instituciones democráticas del país.
Esta mala evaluación tiene causas muy profundas, basta recordar el papel que jugaron los tribunales en dictadura, y causas coyunturales, a las que nos referiremos en esta editorial.
Pareciera no haber total conciencia en quienes gestionan justicia, (jueces, fiscales, etc.) de los efectos sociales y políticos de sus acciones. Para la ciudadanía es bien incomprensible que se encarcele a un alcalde por gestionar -de forma desprolija- remedios más baratos para sus vecinos, existiendo otras medidas cautelares, mientras se deja en libertad a otra alcaldesa que robo e hizo uso inmoral de recursos públicos.
(El papel de los medios de comunicación tampoco ayuda en este sentido. Mientras hay alcaldes presos por robo y abuso sexual, sin cobertura mediática, se hace un show televisivo de la detención del alcalde de Recoleta).
Más allá de la explicación “jurídica” de abogados, la sociedad es testigo de que la misma semana que se encarcela a Jadue se deja en libertad a miembros del Tren de Aragua.
En esta misma línea, se observa cómo de forma descriteriada y carente de sentido de realidad, la Corte Suprema dictamina el desalojo de miles de familias asentadas en una serie de tomas de terrenos a lo largo del país (con un plazo de seis meses cada una), asignando a municipios y al Ejecutivo la tarea de albergar de forma transitoria a dichas familias. Para que se tenga una idea más clara de este despropósito: en San Antonio la toma está compuesta por cerca de 4 mil familias.
Otra vez no se mide la consecuencia social y política de la acción judicial. La magnitud de los desalojos dictaminados y los plazos señalados implican un plan habitacional en sí mismo (imposible de improvisar); alteran las relaciones entre la sociedad y el gobierno (aumenta la tensión artificialmente); vuelve irrelevante el debate y acuerdo parlamentario, alcanzado en la ley 21.633 que excluyó de los desalojos a los campamentos catastrados por Minvu; obliga a redistribuir recursos públicos ya asignados para viviendas sociales de familias que han esperado por años; entre otros efectos negativos para la sociedad.
El descredito de las instituciones democráticas puede ser la antesala del autoritarismo, por esto la mala administración de justicia se debe corregir:
- Las medidas cautelares deben aplicarse con criterio jurídico y sentido de realidad, no es posible que se deje en libertad a miembros del Tren de Aragua investigados por secuestro y homicidio y se encarcele al alcalde de Recoleta que es indagado por la administración de las farmacias populares.
- De igual forma, los dictámenes por las tomas de terrenos deben ponderar lo que implica desalojar y albergar a miles de familias en plazos extremadamente breves. Parece más razonable mandatar la solución integral del problema, ampliando los plazos a lo menos a un año para dar tiempo a otras soluciones como erradicaciones, compras, traslados o expropiaciones.
En definitiva, las medidas cautelares y fallos sin sentido de realidad debilitan la legitimidad del Poder Judicial y del régimen democrático en su conjunto, por ello decimos:
Sin justicia no habrá paz
Sin justicia no habrá democracia
Por una justicia sin sesgos políticos ni de clase
