Esta semana se cumplieron seis años del estallido social y la derecha insiste, en el marco de la campaña presidencial, en reducirlo a una ola de violencia delictual promovida o permitida por la izquierda. No obstante, es sabido que se trató más bien de un gran movimiento de protesta social contra los abusos y las injusticias, con fuerte componente popular, espontaneo e inorgánico en su origen, pero articulado -por momentos- con los movimientos y partidos con vocación trasformadora, expresado en lo concreto en grandes concentraciones pacíficas, protestas con cortes de calles, asambleas barriales, cacerolazos y la huelga general de 12 a 14 de noviembre de 2019.
Luego, durante la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia (2020-2021), la sociedad volvió a desplegar diferentes formas de organización y participación en torno a la distribución de alimentos como comedores solidarios, ollas comunes y cooperativas. La fuerza creadora y transformadora del pueblo se volvió a expresar.
En el marco del proceso constituyente (2021-2022) se volvieron a desplegar diversas formas de participación social, por ejemplo, la Iniciativa de Norma Por el Derecho a la Vivienda Digna elaborada por los movimientos de pobladores que reunió decenas de miles de firmas de apoyo y que fue aprobada en la Convención.
De igual forma ocurrió durante la campaña presidencial de 2021. Puestos en el dilema Kast – Boric en segunda vuelta, los movimientos de pobladores elaboramos un documento de 12 puntos que dio origen al “acuerdo de La Castrina”. Así se articuló, de forma virtuosa, la fuerza social con la opción presidencial, y se contribuyó de manera efectiva al triunfo electoral que permitió el gobierno de Boric y la realización del Plan de Emergencia Habitacional (2022-2026).
Hoy los movimientos de pobladores podemos volver a jugar un papel relevante en la contienda política central. No solo como público para llenar teatros sino como fuerza social capaz de proponer. Por ejemplo, como Ukamau, creemos relevante integrar al programa de Jeannette Jara la institucionalización de la formación técnica de las dirigencias de los comités de vivienda, resguardando siempre la autonomía de las organizaciones. La idea es potenciar y no limitar o controlar. Instituciones públicas como ministerios y universidades deben entregar de forma sistemática conocimiento en materias legales, normativas y de gestión a todas las dirigentes. De esta forma se reducirá la brecha de conocimiento clave que existe en la gestión de los proyectos habitacionales y urbanos entre los organismos del Estado y los de la sociedad. Cambio fundamental para democratizar en los hechos el derecho a la vivienda y a la ciudad, esto es, no solo dar la palabra a las dirigentes sino entregar los conocimientos necesarios para un uso de ella en igualdad de condiciones con los organismos técnicos y administrativos del Estado.
En síntesis, en el actual ciclo político la sociedad en general y los sectores populares organizados en particular hemos mostrado capacidad de organización, movilización, elaboración de propuestas y sentido de oportunidad política que no debe ser desaprovechada. Para ello proponemos estrechar los vínculos entre los movimientos sociales y la candidatura de Jara, realizando, por ejemplo, un acto público para la segunda vuelta, similar al del Parque La Castrina, donde se vuelva a potenciar la fuerza social con la opción presidencial.
Para frenar la amenaza autoritaria
Articular la fuerza social con la opción presidencial
