Defender, sostener y profundizar una política popular
A 5 años del estallido social se ha planteado un debate público sobre su significado. Hay quienes dicen que fue una revuelta popular que dio origen a una propuesta constitucional ejemplar que fue rechazada por la sociedad por incomprensión o desconocimiento, pero que dejó establecido el programa de lucha para los próximos años. Otros señalan que se trató de mera violencia y delincuencia desatada o, al menos, abalada por la izquierda, que dio origen a los problemas económicos y de seguridad que vive el país. Entre estas miradas idealistas (leyenda rosa y leyenda negra) proponemos una mirada política centrada en los intereses del pueblo.
A nuestro entender, el origen del estallido social se puede encontrar en una serie de causas de distinta naturaleza. Entre las estructurales está el agotamiento del modelo y entre las coyunturales las necesidades y demandas sociales insatisfechas. Pensiones, salud, educación, condiciones laborales (salario, jornada), viviendas, entre otras, habrían estado a la base del malestar social que se expresó en las jornadas de protesta de 2019 y 2020.
Cinco años después, y luego de un proceso constituyente fracasado, las pensiones entregadas por las AFP siguen enmarcadas entre los 190 y 370 mil pesos para amplias mayorías de trabajadores jubilados y el salario mínimo liquido todavía no logra superar la línea de la pobreza para una familia de tres miembros. Vale decir, una de las principales causas del descontento y protesta social sigue vigente.
Dicho lo anterior, reconocemos los avances en materia social en el actual gobierno. El sueldo mínimo ha aumentado de 350 mil a 500 mil, la jornada laboral se redujo a 40 horas, el copago cero en salud ha implicado que 16 millones de personas que se atienden en la red de salud pública no tengan que pagar por atenderse y el Plan de Emergencia Habitacional ya entregó 142.000 viviendas dignas y está gestionado la construcción de otras 120 mil.
La profundidad de la crisis, sin embargo, supera la gestión de este y cualquier gobierno, por esto se pensó la salida política al estallido social en términos constitucionales. Se requiere de un cambio a la estructura de la institucionalidad político-jurídica y económico-social.
En ese proceso constituyente de poder derivado (no revolucionario u original), es decir, de aquella salida política institucional nuestro adversario actuó estratégicamente y nuestro sector cometió errores claves que explican el resultado del plebiscito de 2022. No es posible justificar la derrota señalando que nuestro adversario político hizo campaña sucia por el rechazo. ¿qué esperaban? ¿Qué no usaran todos los medios a su disposición para defender sus intereses? A nuestro entender, las causas de la derrota están en el actuar de nuestro sector. La desconexión con la sociedad, en particular con sus necesidades y demandas materiales, impidió formular y representar políticamente aquella gran manifestación social. Las mentiras de la derecha (como “te van a quitar la casa”) estuvieron en 2020 y en 2022, sin embargo, hicieron sentido a amplias mayorías en el plebiscito de salida y no de entrada por dicha desconexión.
A cinco años del estallido social los problemas y demandas sociales siguen vigentes. La respuesta a la pregunta por soluciones políticas sigue pendiente. Para avanzar en una política para el pueblo creemos necesario defender, sostener y profundizar las políticas públicas que redistribuyen los recursos de la nación para mejorar las pensiones, la salud, la educación, las condiciones laborales y las viviendas. Para que aquello ocurra se requiere, por cierto, de que el pueblo se organice social y políticamente, defienda sus intereses a través de movimientos sociales y partidos políticos de izquierda insertos en las bases sociales con capacidad de movilización permanente; auto gestione soluciones a nivel local y comunal, y reivindique leyes y políticas sociales a escala nacional.
Como miembros de uno de los partidos más grandes del país y de un movimiento social con capacidad de organización y movilización permanente que ha permitido conquistar el derecho a la vivienda digna a cientos de familias, y como protagonistas de las masivas manifestaciones sociales del estallido social (concentraciones, marchas, cabildos y cacerolazos), asumimos en la práctica cotidiana este desafío y empeño, y llamamos a todas y todos los miembros de Ukamau y del Frente Amplio a defender, sostener y profundizar una política popular.