Publicaciones de opinión del movimiento Ukamau sobre vivienda, ciudad y justicia social. Aquí encontrarás análisis y reflexiones que abordan los desafíos urbanos y habitacionales desde la mirada de los sectores populares.
Mientras estábamos en campaña electoral, Kast prometió hacer un gobierno mejor y centrado en seguridad, migración y crecimiento económico, sin embargo, la realidad ha sido otra. Un comienzo acelerado, torpe, con un alza inédita del precio de la bencina ha generado incertidumbre y confusión, sobre todo entre los que votaron por él.
Llevamos recién dos semanas de gobierno y los errores han sido evidentes. Las comunicaciones han sido apresuradas y poco profesionales. Por ejemplo, desde cuentas oficiales de gobierno se señaló que el “Estado estaba quebrado”. Afirmación falsa que no midió las posibles consecuencias económicas negativas para el país, por lo que tuvo que ser borrada.
En el ámbito presupuestario la falta ha sido mayor. De forma inexplicable se decidió recortar por igual el 3% del presupuesto de todos los ministerios, como si fuera lo mismo recortar 3% a SEGEGOB a cargo de la vocería de gobierno y 3% a Seguridad o Defensa a cargo asuntos de alta complejidad y sensibilidad para el Estado y el país, o, como si fuera lo mismo recortar 3% a SEGPRES a cargo de coordinar presidencia con el Parlamento y 3% a salud, educación y vivienda. No es lo mismo reducir los equipos de coordinación de presidencia y dejar de construir hospitales, escuelas o casas. De hecho la reducción en salud, de aproximadamente 500 millones de dólares, equivale a la construcción de dos hospitales de alta complejidad, como los nuevos hospitales Felix Bulnes o Salvador.
Especial confusión generó entre las personas que votaron por Kast que la reducción presupuestaria incluyera también al Ministerio de Seguridad. En concreto Kast redujo para este año en 72 mil millones de pesos los recursos para la seguridad.
Por otra parte, la expectativa que existía de expulsiones o salidas masivas de migrantes no se ha cumplido. Salvo un show televisivo con una retroexcavadora en el norte, nada ha cambiado en este asunto. De esta forma, estas primeras semanas han sido de dudas y decepción para muchas personas que depositaron su confianza en Kast.
También ha existido rechazo en la sociedad a la idea del actual gobierno de terminar con la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Anuncio que vino seguido de la solicitud de los empresarios de eliminar los feriados irrenunciables, es decir, de hacer trabajar a las personas para año nuevo, navidad, fiestas patrias y día de los trabajadores.
Lo mismo ocurrió con el anuncio de limitar la gratuidad en educación a las personas menores de 30 años. Medida que muestra el desconocimiento que tiene este gobierno de las trayectorias de vida de los sectores populares, particularmente de las mujeres que muchas veces pueden estudiar a partir de dicha edad, por las labores de cuidado.
Con todo, la medida que mayor confusión, decepción y rabia generó fue el anuncio de que la bencina subiría su precio en casi $400 pesos por litro y el diésel en $580 pesos por litro, a partir de esta semana. Contrario a lo que se pudiera creer, este aumento no afecta solo a los camioneros o automovilistas. El aumento del precio de la bencina genera de inmediato aumento en el valor de los alimentos, incluido el pan, y todos aquellos productos que deben ser transportados, como el gas. También aumenta el valor de la UF, es decir, de las viviendas.
La defensa del gobierno ha sido débil. La idea de que el Estado está quebrado por culpa de Boric y de que el alza a las bencinas era inevitable por culpa de la guerra en Irán no es creíble.
No es creíble porque los recursos del Estado podrían estar reducidos, pero en ningún caso en ruina, porque todos los servicios públicos funcionan con normalidad. No es creíble porque el alza de la bencina fue una decisión de este gobierno de traspasar el valor internacional al consumidor local.
Tampoco es creíble porque estos mismos días el gobierno anunció una rebaja a los impuestos de las grandes empresas y el aumento de los salarios de sus asesores que puede llegar a casi 10 millones de pesos, tres o cuatro veces más que en el gobierno anterior.
La suma de estas medidas, sobre todo el alza y el cuestionamiento a la gratuidad, han motivado las primeras manifestaciones de descontento: Caída en las encuetas y protestas estudiantiles. De mantenerse en el tiempo, los próximos decepcionados podrían ser los empresarios, al constatar que su gobierno genera inestabilidad que puede llegar a afectar la inversión.
A las organizaciones sociales, territoriales, sindicales y del movimiento popular nos toca reagruparnos con orden, defender las conquistas arrancadas por años de lucha —40 horas, gratuidad, copago cero, plan de emergencia habitacional, PGU, derechos de las mujeres, baja inflación y aumento de sueldos— y fortalecernos en organización, formación y trabajo de base. No estamos ante un momento de ofensiva popular, pero tampoco de retirada. Es un momento de repliegue ordenado para recomponer fuerzas, agrupar al pueblo, elevar conciencia y prepararnos en mejores condiciones para volver a avanzar.