El 27 de febrero de 2025, más de 10.000 personas que habitan en el Cerro Centinela, en San Antonio, enfrentan la amenaza de un desalojo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ante esta situación, el Movimiento de Pobladores Ukamau declara lo siguiente:
1. No es un problema de “tomas”, sino de abandono del derecho a la vivienda
El crecimiento de los asentamientos populares en Chile no es un fenómeno aislado ni una casualidad. Responde a un modelo urbano que excluye sistemáticamente a los sectores populares del acceso a la vivienda digna.
Este movimiento de tomas de terreno se da en el contexto de la** crisis provocada por la pandemia**, que profundizaron la desigualdad y dejaron en evidencia la insuficiencia de las políticas públicas de vivienda. Miles de familias, afectadas por la precarización laboral y la falta de soluciones habitacionales, se vieron obligadas a buscar refugio en terrenos desocupados, ante la ausencia de alternativas dignas.
El caso de San Antonio es un reflejo de una crisis mayor: hoy existen más de 1.400 campamentos a nivel nacional, y el problema sigue creciendo sin respuestas estructurales. La falta de planificación territorial y de inversiones en vivienda social han empujado a miles de familias a la informalidad habitacional. La gente no está “ocupando ilegalmente” por capricho, sino porque el mercado inmobiliario y el Estado han sido incapaces de ofrecer soluciones accesibles.
Además, denunciamos que muchos propietarios de terrenos han incentivado estas ocupaciones irregulares como una estrategia para presionar al gobierno a comprar tierras que han mantenido en desuso por años. Esta práctica especulativa busca sacar beneficios económicos de la necesidad habitacional, sin asumir ninguna responsabilidad en la crisis que han contribuido a generar.
El crecimiento de los asentamientos urbanos no planificados no es más que la consecuencia de décadas de desregulación y de un modelo que entiende la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho.
2. El desalojo solo traslada el problema, no lo soluciona
El gobierno ha propuesto que las familias organizadas en cooperativas compren los terrenos a los propietarios. Sin embargo, esta solución no puede reducirse a una transacción inmobiliaria en la que solo se garantice la compensación económica a los dueños del suelo.
Es urgente discutir qué tipo de soluciones habitacionales se están construyendo. ¿Se está pensando en infraestructura pública, en transporte, en acceso a servicios básicos? Si el Estado permite que estos terrenos simplemente se vendan al mejor postor sin una estrategia territorial, lo que se está haciendo es privatizar la política habitacional y perpetuar la desigualdad.
El crecimiento urbano acelerado sin planificación ha llevado a la sobrecarga de servicios públicos, el aumento de la informalidad y la precarización laboral. Si en San Antonio no se plantea una solución estructural, lo único que ocurrirá es que las familias serán desplazadas a nuevos sectores sin servicios, reproduciendo el problema en otro lugar.
3. La respuesta debe ser colectiva, no individual
Si bien la posibilidad de que las familias organicen cooperativas para comprar terrenos es un avance, es fundamental que la solución no recaiga solo en la capacidad individual de cada familia para endeudarse y pagar un terreno.
Desde Ukamau sabemos que la única salida real a la crisis habitacional es la organización popular y la lucha colectiva. La vivienda social no puede depender de la buena voluntad del mercado o de negociaciones aisladas, sino de políticas públicas robustas y de la construcción de proyectos habitacionales con participación directa de las comunidades.
Por eso, exigimos que el gobierno garantice:
- Un plan de regularización y urbanización integral, con servicios básicos, transporte y equipamiento comunitario.
- La aplicación de instrumentos de planificación territorial que eviten la especulación del suelo y aseguren acceso equitativo a la vivienda.
- Programas de vivienda colectiva que fortalezcan la organización barrial y no condenen a las familias al endeudamiento o a la informalidad.
4. Exigimos diálogo real y una solución justa
Reconocemos que las negociaciones con el gobierno continúan, habrá una mesa de trabajo para seguir avanzando en una solución concreta. Hacemos un llamado a mantener y fortalecer este proceso de diálogo, garantizando que las soluciones sean efectivas y respondan a las necesidades reales de las familias.
Asimismo, rechazamos categóricamente el abuso de grupos que, aprovechándose de la necesidad de la gente, lucran vendiendo terrenos ilegalmente o imponiendo su control en estas zonas. Nos oponemos firmemente a la presencia de mafias que trafican con la esperanza de las familias y al avance del narcotráfico en los territorios populares. La solución habitacional debe ser construida con justicia social y organización comunitaria, no con lógicas de explotación o violencia.
El Movimiento de Pobladores Ukamau reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la vivienda y llama a la solidaridad con las familias del Cerro Centinela. La crisis habitacional no se soluciona con desalojos ni con transacciones de mercado: se soluciona con justicia social, planificación territorial y organización popular.
Movimiento de Pobladores Ukamau
21 de febrero de 2025
