El sur está ardiendo y Chile vuelve a mirar su fragilidad de frente. El último balance habla de 21 fallecidos, más de 20 mil damnificados, cientos de viviendas destruidas y decenas de miles de hectáreas consumidas por el fuego. No es solo un desastre natural: es una crisis social y territorial, donde el golpe recae, como siempre, sobre el pueblo trabajador.
Las condiciones extremas —calor, viento y baja humedad— aceleraron la propagación. Pero sería una evasión culpar únicamente al clima. Hay factores humanos y estructurales que llevan años incubándose: plantaciones extensivas, falta de ordenamiento territorial y una interfaz urbano-forestal tratada como tierra de nadie, con barrios y localidades expuestas al borde del combustible. En simple: no basta con “apagar incendios”; hay que dejar de producir territorios que se vuelven trampas cuando llega el verano.
El Gobierno ha desplegado medidas de emergencia y ayudas tempranas. Son necesarias, pero no resuelven lo de fondo. La prueba real será la reconstrucción: viviendas definitivas, barrios seguros, infraestructura recuperada y un plan que no empuje a las familias a la espera eterna, al endeudamiento o al abandono.
Aquí aparece el problema político central: Chile llega una y otra vez tarde porque su capacidad pública ha sido debilitada por décadas. Cuando la prevención depende del interés privado y la planificación se subordina al negocio, la cuenta la paga el pueblo: con vidas, con casas quemadas, con trabajos interrumpidos y con territorios rotos. Esa es la discusión de verdad: ¿quién manda en el territorio, la vida o el mercado?
En medio de esta emergencia, se anuncia el gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Las señales importan, porque adelantan prioridades. Si el primer reflejo es ordenar el Estado para facilitar inversión, destrabar permisos y “liberalizar” el uso del suelo, pero no para fortalecer prevención, planificación y derechos sociales, el país se encamina a repetir la misma historia: ganancias privadas, pérdidas socializadas.
En vivienda y ciudad, esta orientación es una línea roja. “Más suelo y menos regulación” suele traducirse en expansión desordenada, presión inmobiliaria, barrios mal conectados, expulsión de sectores populares y más segregación. Chile ya conoce ese camino: se construye rápido, pero mal; se construye mucho, pero lejos; se construye para el negocio, no para el derecho a habitar.
Por eso, frente a los incendios y frente al nuevo ciclo político, la tarea es clara: solidaridad activa con quienes lo perdieron todo y organización para exigir cambios estructurales. Prevención territorial obligatoria, reglas estrictas para proteger localidades, inversión pública sostenida y reconstrucción digna con participación real de los damnificados.
Y, al mismo tiempo, defensa irrestricta de los derechos sociales y democráticos. Cuando se instala un gobierno pro-monopolios económicos con tentaciones de mano dura, lo primero que intentan aislar es la organización del pueblo. No lo podemos permitir.
Reconstrucción digna.
Planificación territorial para proteger la vida.
Unidad y fuerza social para defender derechos y levantar alternativa.
