Como Ukamau, expresamos nuestra solidaridad activa con el pueblo de Cuba ante la grave crisis que atraviesa, hoy agudizada por la escasez de combustibles, los apagones y las interrupciones de servicios esenciales que golpean la vida diaria de las familias trabajadoras. Esta situación, más allá efectivas problemáticas de gestión económica interna, responde principalmente a un prolongado y brutal bloqueo económico, que se extiende por más de 60 años sobre la isla, que terminan afectando directamente a su pueblo.
El bloqueo a la República de Cuba, ha sido condenado más de 30 veces, casi unánimemente, por la Asamblea General de Naciones Unidas, por violar flagrantemente el derecho internacional.
Como Ukamau, condenamos claramente la ilegal y arbitraria política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, reactivada con particular dureza en el último tiempo. La literatura académica ha mostrado que la persistencia del embargo y las sanciones no se explica únicamente bajo el argumento de “promover la democracia”, sino también por factores de poder y simbolismo geopolítico. Cuba ha sido tratada históricamente como un caso ejemplificador dentro del llamado “patio trasero” de Estados Unidos y, al mismo tiempo, como un desafío a su hegemonía hemisférica desde la Guerra Fría. Además, la cuestión cubana se ha convertido en un símbolo político interno en la política estadounidense, utilizado para “mostrar firmeza”, frente a un proyecto que no se alinea con sus intereses estratégicos. A ello se suma el peso de la política doméstica estadounidense —incluida la dinámica electoral y la influencia de grupos de interés— así como la institucionalización legal del embargo, que dificulta su reversión, incluso cuando se reconoce su limitada eficacia para producir cambios en el sistema político cubano.
Hoy, esa lógica vuelve a expresarse en medidas concretas que agravan y ponen en riesgo la vida misma del pueblo cubano. El 29 de enero de 2026, la Casa Blanca declaró una “emergencia nacional” respecto de Cuba y anunció mecanismos para imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla, reforzando una estrategia de estrangulación energética. En la práctica, estas decisiones han contribuido a una crisis de combustible que afecta el transporte, la producción, las cadenas de abastecimiento de alimentos y el funcionamiento de servicios fundamentales como los hospitales. Incluso embajadas y aerolíneas han suspendido operaciones hacia la isla en medio de la escasez.
Esta escalada se inscribe en una orientación política ya conocida. Durante los gobiernos de Donald Trump se impulsó una estrategia de “máxima presión” que revirtió aperturas anteriores, restringió viajes y remesas, amplió sanciones y buscó asfixiar económicamente al Estado cubano, con efectos que recaen, en última instancia, sobre la población.
Esta política no es un hecho aislado. Se inscribe en una estrategia más amplia de sanciones y presiones unilaterales que Estados Unidos ha aplicado en otros países como en Venezuela, afectando gravemente estas economías y las condiciones de vida de su población. Las medidas coercitivas contra ambos países forman parte de una lógica de intervención que desconoce el derecho internacional, vulnera el principio de no injerencia y utiliza el sufrimiento social como herramienta de presión política. Cuando se bloquean economías, se restringen recursos energéticos o se asfixian sistemas financieros, quienes pagan el costo no son solo los gobiernos, sino las familias trabajadoras, las personas mayores, la niñez y quienes dependen de servicios básicos para vivir.
Reafirmamos nuestro compromiso con el principio de autodeterminación de los pueblos, la no injerencia y el respeto al derecho internacional. Hacemos un llamado al pueblo chileno y a la comunidad internacional a redoblar la solidaridad con el pueblo cubano, y a denunciar toda política que convierta la vida de millones de personas, en moneda de cambio geopolítica. La dignidad de un pueblo no se bloquea: se respeta.
¡Fuera el imperialismo norteamericano de Cuba y Venezuela!
