Santiago, abril de 2026.
El pueblo que habita los barrios populares de Chile ha aprendido, generación tras generación, a leer entre líneas los proyectos de ley que se presentan bajo el lenguaje de la urgencia. Hoy tenemos que volver a hacerlo.
El 21 de abril el Presidente José Antonio Kast firmó el Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social —la llamada Ley Miscelánea— y lo ingresó al Congreso. En paralelo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puso en consulta pública una modificación profunda a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que entraría a regir desde junio.
Como Movimiento de Pobladores Ukamau declaramos lo siguiente:
1. Respaldamos la reconstrucción urgente. Rechazamos la desregulación encubierta.
Las familias damnificadas por los incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso no pueden esperar. Tampoco las miles de familias en campamentos que llevan años aguardando vivienda digna. Pero el paquete que el gobierno llama “reconstrucción” es, en los hechos, una ley ómnibus que modifica estructuralmente el régimen urbano de todo Chile: densidad, altura, constructibilidad, vigencia de permisos, autonomía comunal y control público del suelo.
Nombrar las cosas por su nombre es el primer deber político: esto no es solo reconstrucción. Es desregulación urbana a escala nacional, con la emergencia como envoltorio.
2. La experiencia de los pobladores no se borra.
Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de los efectos de soltarle la mano al capital inmobiliario:
- Conocemos los guetos verticales de Estación Central: torres de 30 pisos con departamentos de 17 m² que condenaron a miles de familias a hacinamiento por la ausencia de herramientas comunales efectivas. Derogar la facultad del Plan Regulador de rebajar los incrementos de altura y constructibilidad (artículo 2.6.19) es institucionalizar esa lógica a nivel nacional.
- Entregamos el Barrio Maestranza Ukamau 2 el 20 de febrero de este año, después de más de una década de lucha. Lo hicimos con planificación, autogestión y reglas claras. Demostramos que la vivienda social digna es posible cuando el suelo se planifica, no cuando se libera.
- Extender de 3 a 6 años la vigencia de los permisos de edificación (artículo 1.4.17) no acelera la vivienda: facilita la retención especulativa del suelo por parte de quienes tienen capital para esperar.
3. Lo que está en juego no es técnico: es político.
El paquete rebaja controles justo en aquellas variables que determinan la rentabilidad del suelo: coeficiente de densidad de 4 a 2 (y a 1 en vivienda económica), bono de hasta 75% de constructibilidad, aumento de hasta 50% en altura cerca del transporte, eliminación de la regla que impedía acumular bonos, umbral de conjunto armónico bajado de 5.000 m² a 2.500 m². No hay contrapartidas equivalentes: toda la plusvalía normativa la captura el privado. Ni un solo mecanismo nuevo para que el Estado constituya bancos de suelo público, capture plusvalías o garantice localización efectiva para la vivienda de integración social.
Y en las zonas de catástrofe el artículo 5.1.1 permite permiso de edificación y recepción simultánea sin considerar normas urbanísticas. Lo que se levanta como emergencia, se queda para siempre.
4. La soberanía territorial comunal no se negocia.
El paquete desarma a los municipios. Les quita la herramienta de rebajar los bonos normativos (art. 2.6.19), permite a los proyectos aprobados “escoger a la carta” qué reglas aplicarles (art. 5.1.18), habilita modificar perfiles viales por vía administrativa en zonas de catástrofe (art. 3.2.5). Los alcaldes de La Cisterna, Estación Central y otras comunas ya lo han denunciado. Ukamau los respalda. La ciudad democrática se defiende desde abajo y desde el territorio.
5. Nuestras demandas.
Exigimos al Congreso Nacional:
- Separar lo que es reconstrucción de lo que es desregulación estructural. Las medidas para zonas de catástrofe deben ser acotadas en tiempo, territorio y alcance, con participación vinculante de damnificados.
- Mantener el artículo 2.6.19 y fortalecer las herramientas de los Planes Reguladores Comunales.
- Rechazar el artículo 5.1.1 tal como está redactado: la emergencia no puede suspender el régimen urbanístico en términos generales.
- Establecer contrapartidas redistributivas a cualquier bono de constructibilidad: captura pública de plusvalías, banco de suelo público, cuotas vinculantes de vivienda social bien localizada.
- Mantener el control público e independiente sobre estudios de riesgo y estudios de movilidad.
- Extender los plazos de consulta pública de la OGUC y garantizar condiciones materiales para que municipios, organizaciones de pobladores y gremios técnicos participen con rigor.
6. Convocamos.
Al pueblo organizado, a los comités de vivienda, a las juntas de vecinos, a las federaciones de pobladores, a los sindicatos, a los gremios técnicos, al municipalismo y a las universidades: este debate no se da solo en el Congreso. Se da en nuestros barrios..
La ciudad no se vende. La ciudad se defiende.
★ Movimiento de Pobladores Ukamau
Chile, abril de 2026
