Ante la opción autoritaria neoliberal, lucha por salud pública, agenda social y cambio constitucional

por Ukamau Chile

Coronavirus y Estado de excepción: actualizando la mirada…

Ante la opción autoritaria neoliberal,

lucha por salud pública, agenda social y cambio constitucional

 

Este mes debía estar marcado por la triunfante campaña electoral del Apruebo y Convención Constitucional. Sin embargo, el escenario social y político ha cambiado en 180 grados, por lo que debemos adecuarnos rápidamente al nuevo contexto y a los nuevos plazos electorales. La salud pública se ha ubicado en el centro de la preocupación de la sociedad y el Estado, al tiempo que una serie de crisis profundas subyacen e influyen silenciosamente en la contienda política. Nuestro foco sigue siendo la agenda social, ahora con énfasis en la salud pública, y el cambio constitucional.

El 18 de marzo de 2020, el presidente Piñera, a través de una norma originada en dictadura (Ley 18.415) ha delegado, por tres meses, parte de sus facultades a los jefes de las Fuerzas Armadas para que asuman la gestión de la crisis sanitaria (coronavirus). En términos concretos, les ha entregado el control sobre el orden público, la reunión y el traslado de las personas, las propiedades, los centros de producción y circulación de mercancías, los funcionarios públicos y las comunicaciones oficiales en los medios.

Al día siguiente, el Ministro de Hacienda ha anunciado un plan económico de emergencia, por 11.000 millones de dólares, es decir, equivalente al 4,7% del PIB, para reducir los efectos negativos en la economía (quiebras de empresas y aumento de cesantía) de la pandemia. El Estado subsidiará a las empresas, se permitirá la reducción de jornadas y salarios, y se aplicaran exenciones de impuestos a las pymes. Todas estas medidas serán transitorias por cuanto se espera que luego de un trimestre la actividad económica se “normalice” con relación al “coronavirus”.

Piñera busca mostrar de esta forma que ha tomado medidas contundentes ante la crisis sanitaria, no obstante, la realidad es otra. Su opción por los intereses del empresariado en lugar de la salud pública ha quedado en evidencia. No ha suspendido el trabajo ni el comercio para no reducir las tasas de ganancias del capital. En medio de esta crisis, hasta el día de ayer, era posible asistir al cine y tiendas comerciales. Porque para ellos, sus ganancias valen más que nuestra salud y vida. Por ello, no debe extrañar que en solo 17 días hayamos pasado de 0 a 342 casos de “coronavirus”.

La suspensión de clases en jardines, escuelas y universidades impulsada por municipios y el Colegio Médico, contra la voluntad del gobierno, no logró frenar el crecimiento exponencial del contagio estos últimos cuatro días, porque más allá de estas instituciones, los trabajadores han tenido que seguir trasladándose hacinados en el transporte público y relacionándose con personas en sus lugares de trabajo. Es por esto que, ayer trabajadores de Mall, Aeropuerto, Metro, Construcción y otros han debido protestar para exigir que se les permita resguardarse en sus hogares. Hoy, las protestas por esta causa se manifestaron en la cárcel Santiago Uno.

Nos parece revelador que, en medio de esta crisis sanitaria, la autoridad haya arrendado el costoso centro de eventos privado Espacio Riesco para habilitarlo como hospital de campaña, a pesar de disponer de infraestructura pública sin costo de arriendo para el Estado (colegios, parques, otros).

Esta crisis sanitaria de origen externo, se viene a sumar a una serie de crisis de causas internas, entre las que destacan la escasez de agua, el desfalco a los recursos públicos en el Estado, las permanentes bajas tasas de crecimiento económico y, por supuesto, la crisis política o estallido social. Estas múltiples crisis evidencian problemas muy profundos en el modelo de desarrollo neoliberal.

El gobierno no debe equivocarse y adelantar cuentas alegres, la desmovilización social originada por la cuarentena y el cambio en la agenda política, que le ha permitido recuperar la iniciativa y establecer el Estado de Excepción, no significan soluciones reales a dichos problemas estructurales por lo que la impugnación social se mantendrá bajo nuevas formas. Chile no saldrá de estas crisis con más Estado subsidiario y de control social, sino con un nuevo modelo de Estado y desarrollo.

La salida a estas múltiples crisis está en la transformación de la impugnación social destituyente en alternativa política constituyente. Y esa es responsabilidad nuestra. Debemos desmontar los 11 pilares del modelo y en su lugar instalar nuevos sistemas de producción de beneficio social.

Esta alternativa política en construcción, en estas semanas de repliegue sanitario, no puede olvidar a los 2 mil 500 presos de la revuelta social; su contenido radicalmente transformador, expresado en movimientos como el feminista; la agenda social con énfasis ahora en la salud pública, los derechos laborales y urbanos; y, por supuesto, el cambio constitucional.

Actualmente, los servicios y equipamientos urbanos, entre ellos los de salud, se encuentran altamente concentrados en las comunas de altos ingresos. Democratizar la ciudad será fundamental en el futuro para crear condiciones de protección sanitaria a la mayor parte de la población.

Estas crisis estructurales que tienen entre sus síntomas problemas sociales muy sentidos, como la baja protección en salud, serán superadas con cambios estructurales. Para crear un sistema de salud pública capaz de garantizar protección a las personas sin importar su nivel de ingreso, deberemos establecer dicho principio en la nueva Constitución. Actualmente, la Constitución de 1980 garantiza la libertad de empresa (lucro) en el área de la salud, el descuento obligatorio a los trabajadores y la opción de elegir entre un desfinanciado sistema público y un caro sistema privado.

Es fundamental no descuidar la manifestación, deliberación y votación por Apruebo, Convención Constitucional y miembros a la Convención, en este nuevo escenario y estos nuevos plazos (más extensos), para establecer, por ejemplo, que “es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de salubridad”, como señalaba la Constitución Política de Chile, antes del golpe de Estado de 1973.

 

Movimiento Ukamau

 

 

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