La madrugada de este viernes, ráfagas de viento de 100 kilómetros por hora botaron postes y árboles, afectando el suministro de electricidad en varias regiones del país. Solo en la región Metropolitana más de 780.000 clientes (hogares, comercio e industria) sufrieron el corte de luz.
Como es sabido, el suministro de electricidad es un servicio que ofrecen empresas privadas y por el cual se paga mensualmente cuentas cada vez más caras.
Hasta aquí nada excepcional para un país acostumbrado a los desastres naturales y a la privatización de los servicios básicos como el agua y la luz. Sin embargo, han pasado casi cinco días de las lluvias y todavía hay miles de clientes sin electricidad.
Entre las comunas más afectadas se encuentra Pudahuel, Lampa, Cerrillos y Maipú, es decir, aquellas con alta concentración de sectores de trabajadores y populares. En esta parte de la ciudad, la comida refrigerada en hogares y almacenes ya se perdió, los barrios sin luz se hicieron más inseguros y las viviendas más frías. La paciencia se agotó y en varias comunidades surgieron las protestas.
La extensión del corte, incluso mayor al del terremoto de 2010, ha planteado una amplia critica a estas empresas, en especial a ENEL que tiene casi el monopolio de la región Metropolitana. Otra agravante notaria es que sectores de Vitacura, La Reina y Las Condes sigan aún sin luz. Autoridades como alcaldes y gobernadores han salido a criticar duramente a las empresas por los medios de comunicación.
A nuestro entender, la demora en la reposición permite ver un problema más de fondo y mayor en el que nos vamos a enfocar aquí. Esto es que, las ciudades son diseñadas por las empresas privadas en función de maximizar sus ganancias, ofreciendo servicios caros y de mala calidad. El servicio se precariza y no es posible cambiar al proveedor porque estas empresas tienen un control absoluto del mercado. Esto produce una alta dependencia de la empresa en la sociedad. Si el servicio falla no es posible un cambio de proveedor ni una intervención adecuada del Estado, simplemente la comida se descompone, la población se hace más insegura y las casas más frías. Los reclamos infructuosos de la autoridad en TV e incluso en la calle, evidencian que los dueños de estas empresas, en la práctica, tienen más poder que el gobernador o el alcalde.
De esta forma, vemos cómo los grandes empresarios (gran capital) tienen el poder de diseñar y construir nuestras ciudades, transformando derechos básicos en servicios caros y de mala calidad, es decir, transformando el derecho a la luz en un servicio que solo se le puede comprar a estas empresas. Así, la sociedad y el Estado quedan subordinados a los objetivos de la empresa privada, los cuales se resumen en la búsqueda de la mayor ganancia al menor costo posible, sin importar la afectación que se produzca en la población.
¿Es razonable entregar servicios básicos y vitales, como la luz y el agua, a empresas movidas exclusivamente por el lucro propio? Basta recordar que existen empresas públicas que han sido capaces de ofrecer servicios de calidad y sin interrupción, como el Metro de Santiago. Con el cambio climático, las lluvias y vientos intensos se harán cada vez más comunes. ¿Nos tendremos que acostumbrar ahora a largos cortes de luz, mientras nos suben las cuentas del servicio? La electricidad, por tanto, ¿podría transformarse en el futuro en una nueva reivindicación social, es decir, también se hará común la protesta por la luz?
Superada totalmente la emergencia en los próximos días, será necesaria una mayor fiscalización del gobierno, sobretodo de las operaciones de mantenimiento y emergencia que fueron tercerizadas y precarizadas hace algunos años por las empresas.
Como representantes políticos de una parte de los trabajadores y sectores populares, principales afectados por la negligencia de estas empresas, en especial de ENEL, creemos que los servicios básicos como la luz y el agua deben volver a ser entendidos como derechos fundamentales resguardados por el Estado y sociedad civil organizada.
