Esta semana el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades. La iniciativa no crea nuevos delitos, sino que aumenta las sanciones a faltas existentes. Se trata de una “lista negra” en las que podría caer una persona que comete una incivilidad o un acto de vandalismo.
En el proyecto se considera vandalismo a una serie de actos de muy distinta característica y gravedad, es decir, se mezclan “peras con manzanas”. Por ejemplo, se considera vandalismo, tanto el rayado no autorizado de una pared como el tráfico de droga o el homicidio de un carabinero. Por incivilidad se entiende el consumo de alcohol en la vía pública, no pagar el pasaje de la micro/metro o botar escombros sin autorización.
De aprobarse la ley, quienes cometan estas faltas entrarían al registro o lista negra. Las sanciones serían las siguientes: prohibición de postular a beca de educación superior, es decir, a la gratuidad y otras como becas de alimento; perdida del pase escolar; prohibición de acceder a fondos públicos para investigaciones científicas; prohibición de acceder a programas habitacionales o subsidio de arriendo; retención de la devolución anual del impuesto a la renta; perdida del derecho al aseo domiciliario; prohibición de asistir al estadio, recitales o casinos de juegos; prohibición de renovar pasaporte o licencia de conducir.
Se trata de faltas y castigos directamente relacionados con los estudiantes, pobladores, juventud popular y trabajadores a honorarios, es decir, con las familias de las clases trabajadoras.
En una sociedad tan desigual como la nuestra, esta norma profundizará las separación, distinción y segregación sociocultural. En la práctica en los barrios de altos ingresos, las incivilidades, como beber alcohol en una plaza, seguirán tratándose con “guante blanco”, mientras que en los barrios populares se habilitará a carabineros para actuar con “mano dura”.
Ningún estudiante o vecino de altos ingresos, ningún rico, que cometa una de estas faltas se podría ver afectado porque su acceso a la educación o vivienda no depende de subsidios o becas del Estado y porque su relación con carabineros es de protección y no de control.
El espíritu autoritario y antipopular de la norma también se puede ver en las sanciones relacionadas con la educación. En lugar de promover el estudio y la educación entre los jóvenes que cometen incivilidades o vandalismo lo que hace, por el contrario, es limitar o prohibir su acceso rehabilitador. Así, se abandona cualquier posibilidad de reinserción social.
Estamos ante una propuesta de ley profundamente discriminadora y clasista.
Este intento de exceso legal –antipopular-, además podría llegar a afectar el principio de proporcionalidad o constitucionalidad. Por ejemplo, hacer una barricada podría llegar a castigarse con penas más altas que un homicidio o violación, y, podría ir contra la Constitución, al limitar la libertad de movimiento (pasaporte) o el derecho a la educación (becas).
Por esto es altamente probable que no se apruebe o que se modifique para ser aprobado, sin embargo, la sola presentación da una señal a la sociedad y partidos/movimientos de oposición, a saber: se busca terminar con la política de los acuerdos e imponer la política de la “mano dura”. Para el gobierno de Kast, el orden y la disciplina autoritaria debe volver al espacio público, a los centros de estudio y trabajo. Se busca poner fin a la incipiente idea de un Estado Social de Derechos, progresivamente levantada desde 2006/2011 por los movimientos sociales, para imponer la idea de un Estado mínimo en lo social y máximo en el disciplinamiento de las personas.
Entonces, el proyecto de ley no solo busca aumentar los castigos a las incivilidades y el vandalismo, también busca despertar el miedo producido por la dictadura (1973-1989) en la sociedad -dormido tras décadas de transición a la democracia- y disciplinar específicamente a los estudiantes y pobladores, es decir, favorecer el regreso de la cultura autoritaria al Chile actual.
Si bien existe apoyo en la sociedad al restablecimiento del orden y la seguridad, no es tan claro que exista el mismo respaldo a normas que limitan libertades y derechos sociales, como la educación o la vivienda. No se debe olvidar que Kast obtuvo solo el 23% de los votos en primera vuelta y que actualmente en las encuestas tiene un respaldo ciudadano cercano al 37%, es decir, que se trata de una gestión con apoyo ciudadano limitado.
El llamado de Ukamau es claro: no podemos permitir que la seguridad sea usada como excusa para quitar derechos sociales al pueblo. Chile necesita enfrentar los problemas de convivencia, violencia e incivilidades, pero no con listas negras, persecución selectiva ni castigos que golpean siempre a los mismos: estudiantes, pobladores, jóvenes populares y familias trabajadoras.
Por eso llamamos a los comités de vivienda, sindicatos, federaciones estudiantiles, organizaciones territoriales, movimientos sociales y fuerzas políticas de oposición a levantar una respuesta común. No basta con rechazar esta ley en el Congreso. Hay que explicarla en los barrios, denunciar su carácter clasista y organizar una defensa activa de la educación, la vivienda, la movilidad y el derecho a la ciudad.
Frente al intento de instalar un Estado mínimo en lo social y máximo en la represión, respondemos con unidad, organización popular y lucha democrática. La seguridad no puede construirse quitando derechos. La ciudad no puede ordenarse castigando a los pobres. Y el pueblo no puede volver a vivir bajo el miedo como forma de gobierno.
No a las listas negras. Sí a la educación, la vivienda y el derecho a la ciudad.
