El Gobierno presentó su propuesta de Presupuesto 2027 al Congreso Nacional. Finalmente, no pudo concretar un recorte homogéneo y generalizado a todos los ministerios, como había adelantado Kast, con el objetivo de reducir el tamaño del Estado. La realidad económica obligó al Ejecutivo a recurrir al aparato estatal para intentar reactivar la economía. Es decir, las malas cifras de crecimiento, empleo e inflación de 2026, llevaron al Gobierno a aumentar los presupuestos de Obras Públicas y Vivienda con el objetivo de estimular la actividad económica. Defensa Nacional y Seguridad Pública también presentan aumentos, por tratarse de carteras consideradas estratégicas. Así, el Presupuesto 2027 no solo no “achica el Estado”, sino que contempla un crecimiento real del gasto público cercano al 1,5%.
No estamos ante un intento de achicar el Estado, sino frente a una redefinición de sus prioridades políticas y económicas en perjuicio de la protección social. A diferencia de gobiernos anteriores, que impulsaron políticas orientadas a sostener y ampliar derechos y beneficios sociales, la propuesta de Kast busca reducir el financiamiento a la protección social mediante recortes o la eliminación de programas sociales.
Entre los recortes propuestos que han generado mayores críticas en la opinión pública se encuentra la eliminación del financiamiento del programa “Yo elijo mi PC”, que pone en riesgo el acceso gratuito a computadores e internet para miles de estudiantes y sus familias de sectores populares. También destaca el cierre proyectado de PRODEMU, que pondrá fin a programas de formación y apoyo a miles de mujeres rurales. A ello se suma la reducción del 85,8% en el Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, asociado a la Ley Cholito, que afectará las acciones de esterilización, atención veterinaria y cuidado de mascotas en todo el país. Asimismo, la disminución de recursos vinculados a la Ley Ricarte Soto, destinada a financiar diagnósticos y tratamientos de alto costo, genera preocupación por sus negativas consecuencias para miles de pacientes y sus familias. Por último, el aluvión en Las Condes y las recientes inundaciones han puesto en el centro del debate la cuestionable decisión de reducir en un 30,6% el financiamiento del Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de SENAPRED.
Estos recortes, que han llamado especialmente la atención de la prensa, no deben oscurecer ni ocultar las reducciones en otros programas sociales que son menos visibles, pero igualmente importantes.
En Educación, el proyecto de ley de Kast propone una reducción del 55,2% en el Fondo para la Reactivación Educativa, del 46,7% en los recursos destinados a Liceos Bicentenario, del 12,4% en el Fondo Basal por Desempeño Universitario, del 12,3% en el aporte institucional a las universidades estatales y del 25,2% en el financiamiento destinado al fomento de la investigación. A ello se agrega una disminución real del 2,35% en los recursos destinados a la gratuidad en educación superior.
En Salud, pese a que los recursos del ministerio crecen aproximadamente un 4,8% real, el proyecto contempla una disminución del 10,7% en los recursos destinados al Programa de Apoyo al Recién Nacido, conocido como ajuar, que beneficia anualmente a alrededor de 100 mil recién nacidos y sus familias. El programa entrega gratuitamente una cuna corral, colchón con funda impermeable, sábanas, manta y móvil de estimulación, además de ropa para el bebé, artículos de higiene, mudador portátil, mochila, cojín de lactancia, portabebé tipo Mei-Tai, toalla, pañales de algodón, libros infantiles y materiales para la estimulación temprana. Además de estos implementos, contempla actividades educativas durante el embarazo y después del parto, destinadas a madres, padres y cuidadores, que incluyen orientación sobre lactancia materna, apego seguro, crianza respetuosa, estimulación temprana, cuidados básicos y prevención de riesgos durante los primeros meses de vida.
En Vivienda se observa una situación similar. Aunque el presupuesto global del ministerio aumenta un 1,8% real, el Subsidio al Arriendo disminuye un 17,1% y una línea del Programa de Asentamientos Precarios registra una reducción del 48,5%, afectando recursos destinados a atender las necesidades habitacionales de familias de menores ingresos y de aquellas que viven en campamentos. También llama la atención la situación del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), particularmente en Tarapacá, donde las transferencias regionales inicialmente contempladas presentan una disminución superior al 60%.
Estos recortes se desarrollan en un escenario de creciente malestar ciudadano. El «bencinazo», la inflación, el alto desempleo, las bajas expectativas de crecimiento y los cuestionamientos a la gestión en seguridad forman parte del contexto en que la desaprobación del Gobierno alcanza el 65%, según la encuesta Cadem del 8 de octubre de 2026.
Así, la discusión presupuestaria 2027, constituye una oportunidad para develar el carácter anti popular del gobierno, y reafirmar la protección social como una política de Estado necesaria para garantizar los derechos sociales y el bienestar de la población.
Contra los recortes de Kast
Defender los beneficios y derechos sociales
