La reforma tributaria del gobierno que reduce los impuestos a las grandes empresas de 27 a 23% se encuentra en su etapa final de aprobación y promulgación. El gobierno ha ganado esta batalla: desde 2027, los empresarios pagaran menos impuestos, es decir, aumentaran sus tasas de ganancias por esta vía, el Estado recaudará menos recursos, es decir, la salud y la educación pública, las pensiones y las viviendas sociales, como el resto de los derechos sociales, se verán restringidos o limitados.
Ahora, Kast se ha centrado en la agenda de seguridad. Envalentonado por su primer triunfo legislativo, presentó una reforma constitucional que restringe gravemente facultades al Congreso y limita libertades individuales y derechos sociales en favor de un poder casi absoluto para el presidente de la república. Por ejemplo, se pretende crear un estado de excepción constitucional semejante al “estado de guerra”, donde Kast podría intervenir las comunicaciones y propiedades de las personas sin control por semanas o meses. El rechazo a la propuesta ha sido transversal y se han encendido las alarmas respecto de la real voluntad del gobierno en avanzar hacia un régimen autoritario. No se debe olvidar que el partido de Kast todavía reivindica la dictadura de Pinochet y celebra cada 11 de septiembre el golpe de Estado de 1973.
En su defensa el gobierno ha dicho que está dispuesto a negociar y matizar su propuesta. Miembros del partido de Kast han dicho que solo se “tiró el tejo pasado” para negociar, pero que en verdad no se busca instalar un régimen totalitario. Y algunos analistas, han dicho que, más bien estamos ante la ausencia de política de seguridad que se suple presentando un proyecto de ley exagerado. Sin embargo, de no haber existido dicho rechazo político lo que tendríamos es una iniciativa abiertamente contraria al equilibrio de poderes y opuesta a las libertades y derechos de las personas, es decir, un camino institucional hacia el autoritarismo, ni más ni menos.
Para ilustrar la gravedad de este asunto nos detendremos en las listas negras que se quieren crear. Primero, una lista negra de personas que cometan incivilidades, como no pagar el pasaje de la micro, a quienes se les quitarían o reducirían derechos o beneficios sociales como la gratuidad en educación. Segundo, una lista negra de organizaciones, cuyos miembros podrán ser perseguidos por el solo hecho de pertenecer a dichas asociaciones. Así, el gobierno quedaría facultado para poner en esta lista a organizaciones o partidos de oposición, acusándolas de “terrorismo”.
Es evidente la falta de política y la improvisación en seguridad, pero, esto no justifica el impulso totalitario del gobierno. Recordemos que, en campaña, Kast, y al asumir el ministerio de seguridad, Arrau, señalaron que no eran necesarias nuevas leyes, que el problema de seguridad se debía resolver con voluntad y gestión, y ahora presentan una serie de proyecto de ley antidemocráticos que apuntan más a controlar a la sociedad que a las bandas criminales. Queda en evidencia la incoherencia, la falta de política. Sin embargo, lo más preocupante no es la incapacidad –ya conocida- del gobierno, sino su iniciativa concreta de reducir gravemente las libertades y los derechos de la sociedad.
Por su parte, la estrategia de la oposición se ha mostrado débil todavía. La reforma tributaria no fue frenada o rechazada en el Congreso o Tribunal Constitucional, como se dijo. Ahora, el rechazo a la reforma de seguridad es momentáneo y se centra en sus excesos.
La oposición no solo debe frenar los empeños totalitarios del gobierno con la más amplia unidad política posible, también debe ser capaz de producir propuestas programáticas concretas y acordar estrategias efectivas para retomar la iniciativa de la agenda política. Simultáneamente, debe enraizar su práctica política, mezclarse, confundirse, coordinarse… con las redes sociales, con las demandas y reivindicaciones laborales, habitacionales y estudiantiles, con las organizaciones populares, volver a ser una alternativa política llena de pueblo.
Ante la arremetida totalitaria
Oposición política amplia y socialmente enraizada