A seis meses de iniciado el Gobierno de Kast, comienza a hacerse evidente la distancia entre las expectativas que generó durante la campaña y su capacidad para transformarlas en realidad. Kast llegó a La Moneda prometiendo orden, seguridad, crecimiento económico y “mano dura” contra la migración ilegal y el crimen organizado. Sin embargo, transcurridos los primeros meses, la principal dificultad del Gobierno no parece estar solamente en su orientación ideológica autoritaria, sino también en su capacidad para gobernar y responder a los problemas cotidianos de las familias trabajadoras.
En la conducción económica hay un evidente déficit de gestión. La inflación volvió a acelerarse y alcanzó un 4,1% anual en agosto; el desempleo llegó al 9,5%, es decir, afecta a cerca de 1 millón de personas. A esto se agrega una economía debilitada y un Imacec de julio que cayó 1,5% respecto del mismo mes del año anterior. Para quienes viven de su trabajo, estas cifras no son un problema técnico o ideológico; significan empleos más difíciles de encontrar, alimentos y transporte más caros y salarios que “no permiten llegar a fin de mes”. El Gobierno de derecha que prometió reactivar la economía -por su sola presencia- todavía no consigue que esa promesa se haga realidad, principalmente en la vida cotidiana de las personas.
En seguridad ocurre algo similar. Kast hizo de esta materia el principal símbolo de su candidatura y aseguró que con su llegada al Gobierno “cambiaría la mano”. Pero una vez instalado en La Moneda, la distancia entre la consigna y la realidad comenzó a hacerse visible. Luego del fracaso de la ministra Steinert, que reconoció no tener un plan de seguridad, la apuesta del gobierno fue una reforma constitucional que pretendía ampliar de forma desmedida las atribuciones presidenciales para controlar a la sociedad y sus posibles manifestaciones de protesta, más que para enfrentar de forma eficiente al crimen organizado. Por esto, la iniciativa terminó provocando cuestionamientos no solo en la oposición, sino también dentro del propio oficialismo. El rechazo transversal hizo que el Gobierno retirara la suma urgencia al proyecto al constatar que no tenía los votos necesarios en el Senado. Lo que significa una segunda salida en falso en política de seguridad.
Un tercer déficit se manifiesta en las relaciones internacionales. La controversia con Argentina por el Estrecho de Magallanes ha mostrado las dificultades del Gobierno para separar afinidades ideológicas de responsabilidades de Estado, es decir, anteponer los intereses nacionales y del pueblo a los intereses comerciales del gran capital. Frente a declaraciones provenientes de Argentina que han puesto en cuestión la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, la respuesta de Kast y su canciller fueron débiles. Según Cadem, un 71% considera que Argentina no respeta nuestra soberanía y mantiene pretensiones sobre el Estrecho, mientras un 47% evalúa negativamente la forma en que el Presidente ha manejado la controversia. La cercanía política con Javier Milei no puede estar por encima de los intereses permanentes de Chile. La política exterior de un país no puede reducirse a las relaciones comerciales ni a las afinidades entre gobiernos.
Estos déficits comienzan a transformarse en una crisis de expectativas. Y eso ya aparece en las encuestas. Criteria del 6 de septiembre sitúa la aprobación presidencial en apenas un 30% y la desaprobación en 58%, el peor resultado de Kast desde que asumió. En marzo las mismas cifras eran inversas: 46% aprobaba y 30% desaprobaba. Más significativo todavía es que un 51% considera mala la situación económica, un 52% cree que Chile está retrocediendo y, por primera vez, más personas responsabilizan al actual Gobierno por los problemas de seguridad, economía y empleo que al Gobierno anterior. Cadem mostraba pocos días antes un escenario semejante: 34% de aprobación y 61% de desaprobación. Pulso Ciudadano, por su parte, registró en agosto 33,8% de aprobación y 54,4% de rechazo. Más allá de las diferencias metodológicas entre las encuestas, la tendencia es clara: existe una mayoría social que no está satisfecha con la conducción del Gobierno.
Esta molestia, sin embargo, no se ha traducido en respaldo a la oposición ni en activación masiva de protestas. Hay varias razones para ello. El Gobierno todavía está en una etapa relativamente temprana de administración y persiste además el efecto político y subjetivo de la derrota del 4 de septiembre de 2022, que dejó instalada en amplios sectores de la sociedad la sensación de que movilizarse –como en el estallido social– no necesariamente permite mejorar las condiciones de vida. A esto se suma el control que logra tener la derecha de los medios de comunicación y las redes sociales desde donde instala falsedades e influye sobre los sentidos comunes.
Estas condiciones son de difícil modificación en el corto plazo, sin embargo, existe un factor sobre el cuál sí podemos influir hoy: nuestra propuesta política.
Si alrededor de un 60% rechaza la gestión del Gobierno, pero ese malestar no encuentra expresión en una alternativa política y social, debemos preguntarnos también por nuestras propias insuficiencias. No basta esperar que Kast fracase. No basta denunciar que sus políticas perjudican a las familias trabajadoras. Para construir una alternativa al autoritarismo de Kast debemos lograr que una parte mayoritaria de la sociedad real se identifique y exprese a través de nuestras propuestas políticas concretas. Debemos salir del idealismo.
Ya vivimos una experiencia similar en 2022. Fuimos incapaces de jerarquizar adecuadamente nuestras propuestas, de establecer prioridades comprensibles y de sintetizar un proyecto capaz de dialogar con las preocupaciones cotidianas de las grandes mayorías trabajadoras. Confundimos la suma literal de demandas con la construcción de un programa político nacional y la aprobación dentro de nuestros propios espacios con el respaldo de la sociedad. Como hemos señalado anteriormente, se construyó una “burbuja social” en la que nuestras ideas circulan y parecen mayoritarias porque nos relacionamos principalmente con quienes ya comparten nuestras convicciones. Nos quedamos en nuestra zona de confort.
Cuatro años después, corremos el riesgo de volver a cometer el mismo error: hacer política sin el suficiente pueblo. Ya no escribiendo una constitución fallida sino intentando sin resultado articular una alternativa política nacional desde la oposición.
Por eso el desafío no consiste solamente en construir la unidad de los convencidos. Como hemos sostenido anteriormente, la unidad política es necesaria para defender los derechos conquistados frente a la ofensiva de la derecha. Pero esa unidad será insuficiente si no está acompañada de articulación social, trabajo territorial y reconstrucción de organización popular. Una alternativa política no puede surgir exclusivamente desde el Congreso, las direcciones partidarias, los equipos técnicos o las redes sociales. Tiene que construirse también en los sindicatos, universidades y liceos, poblaciones y comités de vivienda, organizaciones de mujeres y grupos juveniles, juntas de vecinos y espacios comunitarios.
El creciente desgaste de Kast comienza a abrir un escenario político más favorable, pero el deterioro del gobierno no genera automáticamente una alternativa política popular, esa tarea es nuestra y sigue pendiente.
¡Del descontento a la organización, del pueblo a la alternativa!
¡Con los pies en el territorio y el pueblo como protagonista, levantemos una alternativa democrática y popular!
