Kast llegó al poder con la promesa de resolver en el corto plazo los problemas de seguridad y de la economía. En campaña se comprometió a controlar la inmigración ilegal y el crimen organizado, de una parte, y a elevar la inversión, el crecimiento y el empleo, de otra. Sin embargo, nada de aquello ha ocurrido. Esto generó una pronta crisis de expectativas en sus votantes, quienes mayoritariamente se sienten decepcionados y arrepentidos.
La crisis se profundizó estos días con las rebajas de condenas que gestionó el Ministerio de Justicia en favor de criminales, abusadores de niños y violadores de derechos humanos. Kast optó por respaldar a su ministro de Justicia y asumir el costo político, es decir, trasladar la crisis desde una cartera a La Moneda. ¿Resultado? El apoyo al gobierno cayó al 22%.
Las últimas cifras económicas profundizan el divorcio de la ciudadanía con el gobierno: el desempleo llegó al 9,8%, afectando a más de un millón de personas, y el crecimiento se mantuvo en un 0,2%, por lo que economistas reconocidos ya han comenzado a hablar de recesión.
Esta crisis ha abierto en la derecha una disputa por la conducción del gobierno. El diseño original, centrado en independientes leales a Kast, está altamente cuestionado por la UDI y RN, que presionan por un cambio de gabinete que permita su entrada a los ministerios clave.
Un matiz importante en esta debacle del oficialismo es su capacidad de aprobar leyes en el Congreso. La crisis en el gobierno no nos debe hacer olvidar que conserva una mayoría parlamentaria, mediante acuerdos específicos con el PDG, que le permite gestionar con éxito sus proyectos de ley, entre ellos la Ley de Presupuestos 2027.
Desde la oposición se estudia una acusación constitucional contra el ministro Rabat, que eventualmente contaría con votos de parlamentarios de derecha que, por esta vía, buscan cerrar la crisis y distanciarse de sus efectos electorales. Si bien la iniciativa va en el sentido correcto, es insuficiente.
La baja en el respaldo ciudadano al gobierno no se ha traducido en un aumento en la adhesión a los partidos de la oposición. El abandono del mundo social que hicieron los partidos progresistas décadas atrás no permite hoy interpretar y traducir este malestar en apoyo político. El trabajo de “hormiga”, cotidiano, silencioso y permanente, en universidades y liceos, barrios y poblaciones, comunidades y pueblos, gremios, sindicatos y centros de trabajo, no se puede sustituir por “opinología” en redes virtuales, activismo en pequeños grupos de convencidos o activaciones electorales de última hora.
