Estas semanas hemos sido testigos de cómo, de manera irresponsable, indolente y lesiva, el Gobierno y las AFP han afectado gravemente derechos sociales fundamentales.
Como se sabe, entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E de las AFP registró una pérdida del 10%, es decir, obtuvo una rentabilidad real acumulada de −10,39%, debido al actuar temerario y negligente de los gerentes de las AFP, quienes, desoyendo las recomendaciones del Banco Central, arriesgaron más de la cuenta y perdieron nuestros fondos previsionales. En concreto, si un trabajador tenía 100 millones de pesos en el Fondo E a comienzos de 2026, hoy tiene poco más de 89 millones; es decir, perdió más de 10 millones. La suma total de las pérdidas llega a 10 mil millones de dólares. Esto equivale al presupuesto total del MINVU para 2027 y a la mitad de su presupuesto para 2028. Es una cifra enorme.
Como si esto no fuera suficiente, también se conoció que el Gobierno otorgó rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que no habían expresado arrepentimiento, por lo que la probabilidad de reincidencia es alta. Según el propio Gobierno, la totalidad de estos abusadores de niños se encuentra hoy en libertad gracias a este beneficio. También rebajó las condenas de personas sentenciadas por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, entre ellas, dos exuniformados recluidos en Punta Peuco por secuestro calificado y aplicación de tormentos.
En ambos casos, no importaron las consecuencias de las decisiones. A los gerentes de las AFP no les importó poner en riesgo y perder una parte importante de los ahorros previsionales de los trabajadores, porque sus actos no tienen consecuencias: no les pasa nada. De igual forma, el ministro de Kast administró justicia pensando en ahorrarles trabajo a sus equipos y no en los niños abusados, porque cree que no tendrá consecuencias. Este lunes ya fue ratificado en su cargo y, en caso de ser destituido, solo será por la alta presión existente.
No es posible que los gerentes de las AFP pierdan el dinero de las jubilaciones o que un ministro libere a violadores de niños y no pase nada. En Chile, el derecho de los trabajadores a la seguridad social y a las pensiones, así como el derecho de los niños a una vida libre de violencia, tienen rango constitucional. Es decir, deben ser resguardados por mandato legal; no debería ser un asunto de «buena voluntad». En lugar de asumir responsabilidades, las AFP y el Gobierno han culpado a otros, han dicho que actuaron dentro de la ley e, incluso, han insinuado que estamos ante hechos no tan graves.
Los derechos de los trabajadores a la protección social y de los niños y niñas a una vida libre de violencia deben ser resguardados por las instituciones públicas y privadas. Si son estas las que los vulneran, deben ser revisadas, reformadas o reemplazadas.
Son este tipo de cuestiones las que explican el acelerado aumento de la desaprobación del Gobierno. En solo siete meses, la desaprobación subió del 32% al 66%; es decir, en poco más de un semestre, Kast perdió la mayoría social que lo llevó al poder. El desmantelamiento de la escasa protección social existente se ha vuelto el pan de cada día, y la gente lo ve, lo resiente y lo comienza a expresar.
Desde la oposición se debe impulsar una política de resguardo y ampliación de la protección social, en la que los programas mal evaluados se mejoren y no se eliminen; en la que las jubilaciones aumenten y no se destruyan; en la que los niños y niñas crezcan seguros y con los medios necesarios para educarse; en una frase: en la que Chile ya no sea “este Chile”, sino algo mejor.
