Instalado el nuevo gobierno, los roles políticos se han invertido. La derecha ahora en la oposición se ha centrado en realizar una evaluación critica de los primeros días de gestión, valorando la “responsabilidad” de Hacienda y cuestionado la “improvisación” de Interior. Por su parte, las fuerzas progresistas y de izquierdas han tenido que instalarse rápidamente en las instituciones del poder Ejecutivo para abordar, contra el tiempo, las urgencias que afectan a la sociedad. Una primera manera de hacerlo ha sido a través de actos simbólicos, que si bien han permitido dar señales de un cambio en la política pública son todavía insuficientes, considerando el programa de gobierno que debe orientar el actuar de la nueva autoridad.
“Lo que no puedes ganar, empátalo. Lo que no puedes empatar, enrédalo”. Esta máxima parece ser la guía de una derecha confundida aún tras las derrotas en las elecciones constituyentes y presidenciales. Piñera, antes de irse, empujó o, al menos, permitió la profundización de la crisis migratoria, los problemas de seguridad, entre otros. De igual forma, se observa cómo la derecha limita su participación en el proceso constituyente a cuestionarlo y desprestigiarlo, de cara al plebiscito de salida. La derecha –como siempre– se ha convertido en parte del problema y no de la solución.
En cierta forma, la derecha adelantó la campaña por el plebiscito de salida, preparando a sus huestes para rechazar una nueva Constitución que aún no se termina de redactar. Si bien, las encuestas siguen mostrando que la ciudadanía en su mayor parte tiene disposición a aprobar la nueva Carta Magna, se vislumbra una campaña difícil. La “carrera” no está ganada y debemos prepararnos para disputar los sentidos comunes en una sociedad fragmentada, en crisis y acelerados procesos de transformación.
Es muy pronto para evaluar la gestión del gobierno. Más bien creemos relevante por ahora señalar que la ciudadanía, principalmente los sectores populares, apoyó en las urnas al candidato de Apruebo Dignidad y su programa. Se entiende –aunque no se comparta– la necesidad de integrar a miembros de la ex Concertación para alcanzar mayorías necesarias en el parlamento, pero en dicha relación lo que corresponde es que predomine el sector que ganó en las urnas. Lo contrario sería torcer la voluntad popular, y eso se comenzará a expresar como malestar social tarde o temprano.
El pueblo mandató a la Convención y al nuevo gobierno a impulsar las transformaciones profundas que el país requiere para dar una salida democrática y de justicia social a la crisis. Cualquier otra política –aunque parezca racional o posible en la intimidad de los salones del poder– agregará al escenario nacional una crisis de expectativas.
Por nuestra parte, los movimientos sociales y populares debemos mantenernos alertas y movilizados por el fin de las AFP, la condonación del CAE, nuestras reivindicaciones específicas por viviendas y agua, las 40 horas y el suelo mínimo de 500.000. Los cambios culturales y super estructurales en el sistema político deben ser acompañados por transformaciones económicas y sociales en beneficio del pueblo. Como hemos dicho, la democratización institucional o “por arriba” debe ser impulsada y sostenida por una democratización “por abajo”.
Ukamau
Jueves 24 de Marzo 2022