Esta semana el gobierno debe presentar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para 2027, transparentando las áreas en que deberá realizar recortes por una menor recaudación generada por la baja de impuestos a los grandes empresarios, es decir, mostrará sus prioridades y abrirá una disputa política en el parlamento.
Esto ocurre en un momento en que las cifras económicas y sociales no acompañan al gobierno. El desempleo llegó a 9,5%, afectando a casi un millón de personas. El Banco Central redujo la proyección de crecimiento para 2026 a un rango de apenas 0,25% a 0,75% y estima que la inversión caerá 0,3% durante el año. La aprobación del gobierno cayó en torno al 30%, mientras que el rechazo se consolida en el 60%, según las principales encuestas.
De esta forma, la discusión parlamentaria por el presupuesto 2027 no se limitará a cuestiones técnicas, sino más bien expresará –con mayor o menor claridad– una disputa por la conducción económica del país. La intención inicial de Kast de realizar un fuerte recorte del gasto fiscal en todos los ministerios ha debido modificarse ante la necesidad de impulsar la actividad económica y el empleo, priorizando áreas consideradas “reactivadoras”, como Obras Públicas y Vivienda, y otras definidas como estratégicas, entre ellas Seguridad y Defensa.
Sin embargo, aumentar recursos no produce resultados automáticamente. Las obras públicas, la construcción de viviendas y la incorporación de nuevos medios para las Fuerzas Armadas y las policías requieren procesos administrativos y tiempos de ejecución más largos. Al mismo tiempo, la reducción de recursos en otras áreas va a afectar la capacidad del Estado para responder a necesidades sociales particularmente sensibles, como empleo, salud y educación. Por eso, la discusión presupuestaria deberá abordar no solo cuánto gastar, sino dónde reducir recursos, qué áreas proteger y cuáles deben ser las prioridades del Estado en un escenario de bajo crecimiento y alto desempleo.
El período de instalación del gobierno terminó. Las promesas de campaña de soluciones en el corto plazo en materia de seguridad y economía no se cumplieron. La crisis de expectativas ya es una realidad, sin embargo, la oposición no logra capitalizar este descontento y decepción de la ciudadanía.
La discusión presupuestaria en el parlamento abre una oportunidad política a la oposición para constituirse en un actor relevante. Pero una estrategia centrada exclusivamente en la discusión parlamentaria desaprovechara dicha oportunidad. La batalla presupuestaria puede desarrollarse también en la opinión pública y la sociedad, vinculando la discusión de las partidas presupuestarias con sus consecuencias concretas para trabajadores, estudiantes, usuarios de la salud, comités de vivienda y organizaciones territoriales. Se debe pasar de la disputa exclusivamente parlamentaria a una disputa también por los sentidos comunes, articulando la lucha política con la reivindicación social.
Esto requiere que los partidos no actúen solamente como instrumentos electorales o parlamentarios, sino que desarrollen o mantengan vínculos permanentes con las organizaciones sociales y sean capaces de articular sus intereses, demandas y propuestas. De esta acción u omisión nuestra dependerá en buena parte el resultado de la batalla por el presupuesto.
El presupuesto se discute en el Congreso, pero se juega en la vida cotidiana.
Que la crisis no la paguen los territorios: presupuesto para derechos, empleo y vivienda.
