Esta semana nueve comunas de la Región Metropolitana vuelven a cuarentena. La confianza que ha generado la masiva vacunación, la reapertura de escuelas y el regreso al trabajo presencial ayuda a entender el nuevo aumento en la cantidad de contagiados y muertos por covid 19. Según información oficial, al sumar los casos confirmados y sospechosos, más de un millón de personas se han contagiado y más de 28.000 han muerto por “coronavirus” en Chile. Sin embargo, para el sector más precarizado de la clase trabajadora es imperioso volver a salir a buscar ingresos ante la ausencia de un Estado que le ofrezca una verdadera protección.
Por su parte, el gobierno actúa de forma errante, torpe y ansiosa. Enfrentado a la crisis más profunda de los últimos 50 años propone bonos focalizados y “créditos blandos” para las familias más afectadas. No conforme con ello, destina una gran cantidad de recursos públicos para proteger de manera obsesiva el monumento de Plaza Dignidad. Militariza la plaza para evitar una derrota simbólica (la fotografía de la gente o algún símbolo de la revuelta celebrado en el lugar del caballo retirado), como si de esta forma consiguiera ganar una batalla o no tener que aceptar que ya fue derrotado por el pueblo en octubre de 2019, en las calles, y octubre de 2020, en las urnas. Finalmente, a solo semanas de la próxima batalla real e inicio del proceso constituyente se apresura por “amarrar” algunos negocios y privilegios.
Las imágenes que hemos visto de plaza dignidad estos días muestran con claridad que el pacto social quebrado en octubre de 2019 no solo no se ha restablecido, sino que se ha fracturado aún más. La desconfianza, tensión y conflicto entre oligarquía y pueblo se ha profundizado en estos meses de crisis. Más que una deriva autoritaria, lo que observamos es este rompimiento del pacto social que definía qué era posible y qué no, en nuestra sociedad. Las fronteras de lo posible se han abierto tanto para la acción democratizadora como para la autoritaria, tanto para las más de 200 nuevas tomas de terrenos como para la militarización de áreas específicas, tanto para el establecimiento de derechos sociales como para la imposición de restricciones antes impensadas. Estamos en el reino de la incertidumbre.
Por ello, el gran capital presiona por certezas. Esta semana se volverá a discutir un proyecto de ley que establece un royalty minero (3%) para financiar el desarrollo regional y compensar daños a comunidades adyacentes a las mineras. El gobierno lo considera inconstitucional, pero, a las mineras les interesa dejar este asunto definido antes del debate constituyente. Para la salida democrática a la crisis es una oportunidad.
Superar el actual Estado de injusticia y desigualdad, neoliberal, que se ha profundizado con la crisis, requiere de avances parciales, pero reales. Orientar el descontento y la presión social hacia objetivos concretos y alcanzables que permitan la redistribución del poder, político y económico, es necesario para construir en los hechos un Estado de Justicia Social. Conseguir que el gran capital, las grandes mineras, retribuyan al país por la explotación de un recurso no renovable para financiar derechos sociales como la alimentación, salud, educación y vivienda es imperioso. No basta con rechazar lo que no queremos, desde modelos o relatos ideales, es necesario construir en los hechos un país más democrático y justo.
¡Impuesto a los súper rico y royalty a las mineras para democratizar y crear justicia social!
Editorial
Semana Lunes 15 a Domingo 21 de Marzo