La contienda social y política tiene su propio calendario. Por ejemplo, faltan 5 meses para la elección de Gobernadores Regionales, Alcaldes, Concejales y Constituyentes, y un año para la elección de Presidente, Senadores, Diputados y Consejeros Regionales. De este modo, 2021 estará marcado por estos procesos electorales que establecerán un nuevo gobierno y una nueva Constitución que comenzarán a regir a partir de 2022 y definirá el marco sobre el cual se desarrollen las luchas en los próximos años y décadas.
Una tarea política para el tiempo actual es, por lo tanto, construir desde el pueblo que emergió el 18 de octubre: programa, liderazgos y fuerza social-electoral. Como en toda contienda, podremos triunfar o ser derrotados, pero lo que no puede ocurrir es que fracasemos, que la oligarquía se imponga por negligencia o vacilación nuestra. No habrá otra oportunidad como ésta en años o décadas y debemos estar a la altura, esto es, actuar con disciplina: hacer lo que se deba hacer, cuando y donde se tenga que hacer, aunque no se quiera hacer.
Otra tarea fundamental es reactivar las reivindicaciones sociales específicas. Las luchas laborales, previsionales, habitacional, por el agua, etc., deben recuperar su centralidad articuladas con las contiendas políticas y del proceso constituyente.
La oligarquía parlamentaria ha entendido que puede ganar tiempo y legitimidad aprobando retiros parciales de los fondos previsionales. Así también no debe enfrentar, en el corto plazo, el problema de una reforma tributaria para financiar los costos de la crisis económica y sus consecuencias sociales. Esta popular medida agudizará la crisis previsional de los próximos años. Junto con centrar las labores en el proceso político y constituyente y las demandas sociales, el mundo progresista y de izquierda debe reinstalar en la agenda pública: la reforma tributaria redistributiva. Dicho directamente, que la crisis la dejen de pagar los trabajadores y la comiencen a pagar los empresarios y el Estado.
La crisis de legitimidad del gobierno de Piñera se ha traducido en su imposibilidad de imponer una agenda política al país. Los parlamentarios embarcados en una estrategia de sobrevivencia se han abierto a apoyar iniciativas legales “populares” o cuyo rechazo pudieran significar un costo electoral demasiado grande. En este escenario, la Oposición debe actuar con responsabilidad ante la sociedad. Debemos promover en el pueblo y no solo en el parlamento: una ley de amnistía a los presos de la revuelta, un impuesto a los súper ricos y el aumento del gasto social para financiar derechos sociales, y la democratización del proceso constituyente, es decir, poner freno a la “solución” autoritaria y neoliberal de la crisis.
La victoria de estas luchas políticas, reivindicativas, programáticas y electorales permitirán comenzar a instalar una alternativa democrática y popular al modelo neoliberal.
