Editorial Ukamau: “Del reino de la injusticia neoliberal a un nuevo Estado empresario, democrático y social.” Lunes 22 de Febrero

Esta semana se publicó en la prensa un tema de mucha relevancia, a saber, la minera estadounidense Albemarle decidió de forma unilateral e inconsulta modificar su interpretación del contrato con el Estado de Chile (que le permite extraer Litio en el Salar de Atacama, región de Antofagasta) reduciendo sus contribuciones al país por el año 2020 en 15 millones de dólares. En respuesta el Estado chileno, a través de CORFO, solicitó a la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, un arbitraje para resolver este asunto.

Vamos por parte: En primer lugar, ¿qué empresa o persona en Chile puede, unilateralmente, decidir pagar menos impuestos de los que la ley establece? Segundo, ¿por qué el Estado no utiliza sus medios para realizar el cobro del dinero faltante? Tercero, ¿por qué cede su soberanía a un organismo internacional privado? Y cuarto, ¿por qué los recursos naturales no son extraídos y procesados por empresas públicas?

Creemos que no puede haber una ley tributaria regresiva, es decir, una norma que favorece al gran capital y perjudica al contribuyente o ciudadano de a pie. Se debe terminar con el Estado de injusticia en Chile que permite la evasión de impuestos a los grandes empresarios y persigue incluso con cárcel al pequeño comerciante informal.

Es inadmisible que, ante el daño fiscal, -estos 15 millones de dólares son de todos los chilenos-, el Estado no proceda a su efectivo cobro, como lo hace con cualquier otro contribuyente. También es inaceptable que, en lugar de aquello, se recurra a un organismo internacional privado. Los intereses nacionales afectados aquí son un problema público, nada tiene que ir a solicitar el Estado a una asociación internacional de capitalistas. Finalmente, este hecho permite volver sobre el asunto de las empresas públicas y el modelo de desarrollo, creemos que el agotado modelo neoliberal debe comenzar a ser superado por la vía de la construcción de un Estado empresario y social, base institucional de una democracia participativa o con pueblo.

Sobre este mismo asunto, también nos hemos informado de que, el valor del cobre continua en alza, lo que significará mayores ingresos para las mineras, sin embargo, 2/3 de éstas ya no son de propiedad pública y tributan un escaso aporte con relación a sus ganancias al país. Vale decir, al igual que con el Litio, el Cobre es apropiado por grandes capitales extranjeros que destruyen el medioambiente, saquean y contaminan las aguas, y tributan porcentajes muy bajos de sus utilidades.

Pero, no se trata de un caso aislado. Este modelo de desarrollo y su correspondiente forma estatal ha entrado en una crisis de legitimidad muy profunda a partir del 18 de octubre de 2019, debido a los abusos, injusticias y desigualdades que produce sistemáticamente. El proceso constituyente se abrió justamente para abordar este problema estructural, es decir, para democratizar las relaciones económicas y políticas como mecanismo para comenzar a poner fin a las asimetrías de poder en nuestro país.

El Estado, en la nueva Constitución, debe recuperar su carácter empresario, social y democrático. La estabilidad institucional no puede ser a costa de la soberanía nacional y popular, tampoco de la dignidad de trabajadores y jubilados o de la genuina participación ciudadana en la gran política.

Es por esto que pensamos que, la mayoría electoral (absoluta) no puede ser a costa del programa de cambios democratizadores que el país necesita. Es mejor asumir ahora que los sectores neoliberales y restauradores de la Oposición en verdad se ubicarán en la contienda constituyente y política junto a la derecha autoritaria. Será responsabilidad de los sectores genuinamente democráticos, progresistas y de izquierda, con base popular, constituir una alternativa viable para el país.

Detrás de un programa y estrategia común anti-neoliberal debemos avanzar con vocación de cambio y mayorías, levantando política para los “viejos” decepcionados y los “jóvenes” esperanzados, los trabajadores y los jubilados, las familias sin casa y las comunidades sin agua, es decir, para el pueblo realmente existente.

En resumen, el nuevo Estado y régimen tributario debe responder a los intereses nacionales y populares, es decir, superar el actual carácter subsidiario, autoritario, neoliberal y colonizado de nuestras instituciones.

Editorial Ukamau
Lunes 22 de Febrero 2021

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