Y llegó marzo. El aumento sostenido del precio del cobre ha vuelto a instalar en el debate público la necesidad de un royalty minero que permita transformar la riqueza que produce la explotación de este recurso natural no renovable en progreso social o mejoramiento concreto en las condiciones de vida de las grandes mayorías.
La idea de aumentar los impuestos a los “grandes capitales” vuelve a tomar vigencia en medio de la crisis económica. Las cifras sobre el empleo indican que el último año se ha perdido un millón de ocupaciones, entre los trabajadores más afectados están los de restaurante y alojamientos, casas particulares, las artes y actividades agrícolas. Especialmente golpeadas se han visto las trabajadoras de baja calificación, es decir, las mujeres pobladoras. La informalidad sigue siendo muy alta, alcanzando un 27% del total de la fuerza de trabajo ocupada. Estos datos pueden ayudar a entender la mayor o menor disposición a la movilización del mundo popular con relación a las actuales convocatorias, y su respaldo a medidas como un impuesto a los súper ricos para financiar derechos básicos o un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.
Sin embargo, la autoridad, optimista por el masivo proceso de vacunación, mantiene su equivocada opción por abrir las puertas al cambio solo cuando la presión social es abierta y masiva. Así, el debate parlamentario no considera por ahora un aumento a la tributación del gran capital o un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.
Por otra parte, el retorno a clases presenciales o semi presenciales (hibridas) en escuelas y universidades iniciado hoy es un proceso muy complejo. Depende de una serie de variables que están lejos de ser armónicas: tasa de contagio de covid 19, tasa de vacunación general y de miembros de la comunidad educativa, voluntad o decisión de autoridades municipales y de padres y apoderados, tamaño e infraestructura de centros de educación, etc. El proceso deberá ser gradual por lo que nuevamente se deberá crear sobre la marcha un nuevo sistema de enseñanza transitorio. Por ejemplo, se han comenzado a dar casos donde una docente ahora debe planificar, ejecutar y evaluar el aprendizaje de estudiantes que están con ella en el aula y estudiantes que están simultáneamente vía remota desde sus casas.
Por cierto, en la Araucanía se observa un escalamiento en el conflicto. De una parte, las comunidades mapuche avanzan en sus reivindicaciones y de otra, el gobierno, parece apurado por instalar una solución militar (¿antes del pronto término del mandato de Piñera?). Cuando no está para nada claro si existen condiciones políticas para una aventura militarista de este tipo. No se debe olvidar que la mayor parte de la población mapuche vive en comunas urbanas, muchas de ellas en Temuco y Santiago.
Finalmente, en la sociedad en general o la ciudadanía de a pie se observa la expectativa de que el proceso constituyente -de alguna forma- abordará o solucionará los problemas concretos que dieron origen al “estallido social”, ya sea por desconocimiento del funcionamiento del sistema político, ya sea por una legitima espera a la respuesta ofrecida por la autoridad ante la protesta. En cualquier caso, existe un estado de expectación y espera.
En síntesis, al comenzar marzo podemos ver que el aumento del valor del cobre reinstala en el debate la necesidad de una reforma tributaria en favor de la sociedad, en momentos en que el efecto del segundo retiro del 10% ya pasó y los síntomas de la crisis económica se vuelven a sentir severamente, particularmente en el mundo popular. Sectores importantes del pueblo necesitan ingresos con urgencia, esto los empuja al trabajo y el envío de sus hijos a la escuela, pero los contagios siguen aumentando, los empleos no se recuperan y las escuelas, sobre todo las de comunas de ingresos medios y bajos, tendrán dificultades para funcionar.
Así las cosas, presionar a las comunidades mapuche en conflicto o al mundo popular urbano podría volver a generar un tensionamiento social grande que tienda a la politización y ruptura. La máxima neoliberal del “sálvate solo”, que elimina la comunidad y solidaridad, podría volver a estallar en mil pedazos si es que las entidades públicas no apoyan a las familias trabajadoras, particularmente a las del mundo popular, con base a un aumento en la tributación del gran capital. Si para eso es necesario volver a la calle, que así sea, pero, no como inercia de protestas pretéritas sino como sentido de urgencia de los problemas del presente.
Editorial Ukamau
Semana del Lunes 1 de Marzo al Domingo 7 de Marzo
