Los tiempos de cambio que estamos viviendo fueron abiertos hace ya casi dos años por al estallido social donde el pueblo mostró su descontento frente a 30 años de políticas neoliberales que solo benefician a los dueños del poder y la riqueza. 30 años de promesas incumplidas, de espera por aquella alegría que vendría junto a mejoras en la vida se hiciera realidad. 30 años de exclusión de las mayorías trabajadoras y del pueblo de toda decisión sobre su futuro. En este panorama la rabia y el descontento se fue acumulando y la juventud salto el torniquete para liberar toda aquella energía popular acumulada durante décadas.
El modelo económico dejado por la dictadura fue perfeccionado y profundizado por los partidos de la derecha y la vieja concertación, no solo no escucharon la demanda popular, sino que no vacilaron en reprimir al pueblo trabajador como en los peores tiempos de dictadura, nunca olvidaremos que en el gobierno de Bachelet se asesinó al trabajador en huelga Rodrigo Cisternas. Frente a este panorama la protesta fue la única vía donde se pudo canalizar la rabia y las exigencias de un cambio.
La única respuesta a la demanda popular en las calles fue más represión, pero esta vez las mayorías ofendidas teníamos conciencia de nuestra fuerza. Con el fin de derrotarnos se nos mutiló, torturó y asesinó, pero fue principalmente mediante las detenciones y la prisión política que se atacó a la juventud que había sido protagonista de la protesta.
El martes 20 de julio de 2021 la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la familia de Francisco Hernández, primer condenado de la revuelta. El recurso fue presentado por las inconsistencias presentes en la investigación y peritajes, esto fue ignorado por la corte quien ratificó la sentencia a nuestro compañero.
Los presos políticos de la revuelta deben ser liberados pues su lucha fue debido a la incapacidad del estado de escuchar sus demandas y garantizar los derechos sociales. Y gracias a esa lucha Chile vive hoy un proceso político de apertura y refundación política, es decir aquella lucha fue de contexto y objetivos políticos. Exigimos por tanto la aprobación en el menor plazo posible de la Ley de Indulto General que se encuentra estancada en la cámara de senadores.
Sabemos que esta ley sólo será aprobada si las organizaciones populares logramos aumentar nuestra fuerza y así poner nuestro programa al centro del debate. Es necesario que tengamos la fuerza necesaria para imponer la agenda a discutir y lograr que distintas fuerzas políticas trabajen a favor de esta ley para que en nuestras poblaciones cientos de familias vuelvan a estar completas y aquellos que hicieron posible pensar en otro Chile vuelvan a sus hogares. Como Ukamau tenemos el compromiso irrestricto con quienes estuvimos peleando codo a codo y nuestro camino no los olvida, pues cada paso que demos hacia adelante será un paso que estemos más cerca de obtener la libertad de nuestras y nuestros jóvenes y la vida buena para el pueblo de Chile.
Ukamau
Viernes 23 de Julio 2021
