Kast ingresó al Congreso el proyecto de ley más importante de su gobierno, es decir, aquel que de ser aprobado le permitirá llevar a la práctica su programa político anti democrático y anti popular. Se trata de un proyecto que nada tiene que ver con seguridad, migración o empleo, sino con los intereses económicos de los más ricos.
El proyecto fue titulado: “Para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social”. El nombre de inmediato recuerda el llamado plan de “reconstrucción nacional” con el que Pinochet justificó el golpe de Estado de 1973 y los primeros años de la dictadura. Un gustito que se dio Kast, y que insiste en la idea de que el país estaba en la ruina o destruido en marzo de 2026.
El nombre integra, además, la “reconstrucción por incendios” y el “desarrollo económico”. La falta de claridad en el nombre se debe a que en un mismo proyecto de ley se integraron iniciativas legales muy diversas, referidas a la reconstrucción en Ñuble y Biobío, la eliminación del IVA a la venta de viviendas, el subsidio al empleo, la rebaja de impuestos a los ricos, la reducción de las facultades regulatorias del Estado en materias medioambientales y la disminución del gasto fiscal en gratuidad universitaria y capacitación de trabajadores.
De esta forma, se constata que, la estrategia legislativa y comunicacional elegida por el gobierno fue el engaño, la trampa, el meter “gato por liebre”, es decir, presentar al parlamento y a la opinión pública un proyecto de ley que supuestamente se centra en la reconstrucción, pero que en verdad contiene muchas otras medidas de la mayor relevancia, ocultas o disfrazadas, referidas a la distribución –regresiva o injusta- de la riqueza.
En concreto, el proyecto busca reducir los impuestos a las grandes empresas de 27% a 23% e impedir que vuelvan a subir en 25 años. Esto generará menor recaudación fiscal, es decir, menos recursos para salud, educación, vivienda, seguridad y otros derechos sociales. Vale decir, el proyecto de ley busca garantizar mayores ganancias a los grandes empresarios a costa los fondos públicos con los que se financia derechos básicos para las familias trabajadoras.
Es por esto que el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, envió un oficio a todos los ministerios señalando los programas que se busca descontinuar o eliminar, entre los que están: programa contra el crimen organizado y programa calle sin violencia (en seguridad), programa de alimentación escolar y programa jardín infantil transitorio – estacional (en educación) y programa de prevención al suicidio y programa salud mental (en Salud). Vale decir, el gobierno busca eliminar programas sociales fundamentales para permitir la baja de impuestos a los súper ricos.
En el proyecto de ley se indica, además, que la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas y el aumento que tuvo el sueldo mínimo los últimos años, desincentivaron la inversión de capital. Por ello, también cuestionan la reducción de la jornada laboral y el aumento de sueldos. Esto quiere decir que no solo buscan eliminar programas sociales, sino que también quieren reducir los sueldos y aumentar la jornada laboral.
¿Por qué el gobierno de Kast impulsa esta medida en favor de los más ricos que perjudica a las familias trabajadoras de clases medias y sectores populares? Porque les beneficia directamente como grupo social y como individuos. Para ilustrar: Kast tiene un patrimonio declarado de 5 mil millones de pesos, su ministro de Hacienda de 2 mil millones y su ministro de Defensa de 679 mil millones, es decir, se encuentran entre los principales beneficiados con la rebaja de impuestos a los más ricos. En su conjunto, el patrimonio de las autoridades de gobierno que trabajan directamente con Kast suma hoy 1,14 billones de pesos, es decir, más de un millón de millones de pesos ($1.140.000.000.000). De aprobarse la ley, el gabinete de Kast se beneficiará en casi 300 mil millones de pesos. Por eso la impulsan, no porque les preocupe el crecimiento de la economía o el empleo de las personas.
En una frase, a dos meses de instalado el gobierno, ya es claro que no se trata de una administración centrada en la seguridad o el control migratorio irregular, como se prometió en campaña, sino en un gobierno de y para los más ricos.
En el otro lado de la moneda, nos encontramos las personas comunes y corrientes que vivimos de nuestro trabajo. Para nosotros la reducción de la jornada a 40 horas, el aumento del salario, el control del alza de los precios o la gratuidad en educación son cosas importantes porque mejoran nuestras condiciones de trabajo y vida. Defender estas conquistas y derechos sociales, por muy parciales que sean, es una responsabilidad que debemos asumir con unidad y acción. Por eso este 1° de mayo de 2026 volvimos a las calles contra la ley de los súper ricos y en defensa de los derechos de los trabajadores.
Abajo el proyecto de ley de los súper ricos
Arriba la unidad, organización y lucha de los trabajadores
